Salud bajo la lupa: La nueva política migratoria de EE. UU. que condiciona visas a la condición física

El gobierno de Estados Unidos, bajo la administración de Donald Trump, ha implementado una nueva directriz que endurece los requisitos para obtener visas y residencias, poniendo la salud y la edad de los solicitantes en el centro del debate migratorio.

El gobierno de Donald Trump ha ordenado a las autoridades de inmigración de Estados Unidos considerar inelegibles para la visa de inmigrante o residencia a extranjeros con ciertas enfermedades crónicas, obesidad o edad avanzada. La medida, revelada por KFF Health News tras acceder a un cable interno del Departamento de Estado enviado a embajadas y consulados, se basa en el argumento de que dichos solicitantes podrían convertirse en una “carga pública” para el sistema de salud del país. La nueva directriz amplía significativamente la lista de condiciones médicas a evaluar, que anteriormente se centraba en enfermedades contagiosas.

Ahora, los funcionarios consulares deben considerar padecimientos como diabetes, obesidad, hipertensión, cáncer, enfermedades cardiovasculares, respiratorias, neurológicas y trastornos mentales.

Según los documentos, estas afecciones pueden requerir tratamientos costosos y prolongados, por lo que se instruye a los oficiales a evaluar si los solicitantes cuentan con los recursos económicos suficientes, como seguros médicos privados o ahorros, para cubrir sus posibles gastos médicos sin depender de la asistencia pública estadounidense. Esta política no solo afecta al solicitante principal, sino que también instruye a los funcionarios a considerar la salud de sus familiares, incluyendo hijos y padres mayores.

La medida retoma políticas implementadas durante el primer mandato de Trump, las cuales habían sido suspendidas por la administración de Joe Biden. La directriz ha generado críticas por parte de abogados y organizaciones de derechos humanos, quienes la califican como discriminatoria y contraria a principios humanitarios. Advierten que otorga a los funcionarios una amplia discrecionalidad para tomar decisiones basadas en proyecciones hipotéticas sobre la salud futura y la situación financiera de una persona, lo que podría resultar en rechazos arbitrarios.