El sector energético de México enfrenta altos costos de producción y dependencia de importaciones a inicios de 2026

A principios de 2026, el panorama energético de México presenta una compleja dualidad, marcada por el aumento en la refinación nacional de gasolinas y la persistente dependencia de importaciones de gas natural, en un contexto de altos costos de producción para Pemex y precios variables para los consumidores.

La política energética del gobierno ha logrado que el 80% de la gasolina que se consume en México sea refinada en el país, un incremento significativo desde el 30% registrado en 2018. Sin embargo, este avance hacia la soberanía energética enfrenta un desafío económico considerable: en noviembre de 2025, para Petróleos Mexicanos (Pemex) fue un 20.7% más costoso producir un barril de gasolina (103.8 dólares) que importarlo (86 dólares). Expertos atribuyen esta diferencia a la ineficiencia del Sistema Nacional de Refinación y al uso de crudo pesado, un sobrecosto que finalmente se transfiere a los consumidores. Durante la primera semana de enero de 2026, el precio promedio de la gasolina regular se ubicó en 23.60 pesos por litro, según la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco). A nivel nacional, la gasolina Premium promedió 25.79 pesos y el diésel 26.44 pesos. Los precios variaron regionalmente, con la gasolina regular más barata del país en Reynosa, Tamaulipas (17.98 pesos por litro), y la más cara en Baja California Sur. Por otro lado, el precio del Gas LP en la Ciudad de México y el Estado de México registró una ligera baja, situándose en un promedio de 19.35 pesos por kilogramo. Paralelamente, México enfrenta una gran vulnerabilidad en el suministro de gas natural, ya que importa el 74.5% de su consumo, principalmente desde Estados Unidos, mientras que la producción nacional ha disminuido un 50% en la última década. Esta dependencia pone en riesgo la seguridad energética del país. La situación se enmarca en las dificultades financieras de Pemex, que reportó pérdidas y una elevada deuda, lo que ha provocado un aumento del 119% en el gasto de la Secretaría de Energía para apoyar a la paraestatal. Analistas señalan que para revertir esta tendencia son necesarias alianzas con el sector privado y una reestructuración de la política energética.