Estados Unidos relaja las sanciones petroleras a Venezuela mientras los demócratas exigen una auditoría de los ingresos

El gobierno de Estados Unidos ha comenzado a flexibilizar las sanciones sobre el sector petrolero de Venezuela permitiendo la reincorporación de empresas y tecnología estadounidenses, pero esta apertura ha generado preocupación entre los legisladores demócratas, quienes ahora exigen una investigación sobre el manejo de los ingresos.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió licencias generales que autorizan el suministro de bienes, tecnología y servicios para la exploración y producción de petróleo y gas en Venezuela, flexibilizando las sanciones impuestas en 2019. Esta medida busca reactivar la industria energética del país, cuya producción actual ronda el millón de barriles diarios, y forma parte de un plan de reconstrucción estimado en 100 mil millones de dólares. La decisión se produce tras un cambio en el escenario político venezolano: una operación militar estadounidense resultó en la detención del presidente Nicolás Maduro, quien ahora enfrenta un juicio por narcotráfico en Nueva York. Con la llegada al poder de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, se estableció un diálogo con Washington que ha permitido un acuerdo de suministro energético valorado en 2 mil millones de dólares. A pesar de la apertura, Estados Unidos ha impuesto condiciones estrictas, como que los contratos se rijan por la ley estadounidense y que los pagos a entidades sancionadas se canalicen a través de un fondo supervisado por el Tesoro. En respuesta a estos acuerdos, los senadores demócratas Chuck Schumer y Adam Schiff presentaron la "Ley de transparencia sobre los ingresos del petróleo venezolano". La propuesta legislativa busca que la Oficina General de Contabilidad (GAO) realice una auditoría en un plazo de 30 días sobre el esquema de recaudación de la venta del crudo, cuyos ingresos, que a finales de enero sumaban al menos 500 millones de dólares, transitan por cuentas bancarias en Catar. Schumer declaró que "el pueblo estadounidense merece saber qué está pasando con el dinero" y acusó al presidente Donald Trump de eludir el sistema bancario de Estados Unidos para beneficiar a "sus amigos de las grandes petroleras". Por su parte, el secretario de Estado, Marco Rubio, admitió que el esquema era "novedoso" y se mostró abierto a una auditoría.