La Suprema Corte pospone por segunda vez la discusión sobre los bloqueos de cuentas de la UIF

Por segunda ocasión en poco más de un mes, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha decidido no discutir la facultad de la Unidad de Inteligencia Financiera para bloquear cuentas bancarias sin una orden judicial.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) pospuso por segunda vez en poco más de un mes la discusión de un proyecto que busca avalar la facultad de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para bloquear cuentas bancarias sin la necesidad de una autorización judicial o la intervención de la Fiscalía General de la República (FGR). El Secretario General de Acuerdos anunció al inicio de la sesión pública que el proyecto de la ministra Loretta Ortiz sería retirado de la lista, sin establecer una nueva fecha para su análisis. El proyecto de Ortiz propone validar una reforma de marzo de 2022 a la Ley de Instituciones de Crédito, la cual establece un procedimiento para que los afectados por los bloqueos demuestren el origen lícito de sus fondos ante la propia UIF. La propuesta argumenta que el bloqueo de cuentas es una medida cautelar administrativa y no de persecución penal, alineada con las obligaciones internacionales de México para prevenir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo. Además, esta facultad ya se encuentra protegida contra suspensiones judiciales gracias a una reforma a la Ley de Amparo de octubre pasado.

Este tema ha tenido un recorrido controversial en la Corte. En 2017, la Primera Sala declaró inconstitucional esta facultad, argumentando que la UIF, al ser una dependencia de la Secretaría de Hacienda, no debía ejercer funciones de autoridades penales. Sin embargo, en 2019, la Segunda Sala validó los bloqueos, pero únicamente cuando derivaran de una solicitud expresa de un gobierno extranjero para una investigación específica, no para casos de origen nacional. El proyecto de la ministra Ortiz no hace esta distinción. Previamente, el 4 de diciembre, la Corte también retiró de su lista de discusión otro proyecto sobre el mismo tema, presentado por la ministra Lenia Batres. Dicho proyecto era aún más contundente en su apoyo a las facultades de la UIF y buscaba abandonar explícitamente la jurisprudencia de la Segunda Sala, al considerar que respondía a políticas proteccionistas de capitales privados.