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Debate sobre la Reforma a la Ley de Amparo

Una controversial reforma a la Ley de Amparo, centrada en la redefinición del concepto de “interés legítimo”, ha generado un intenso debate entre legisladores y especialistas, quienes alertan sobre un posible retroceso en la protección de los derechos humanos en México.
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En audiencias públicas en la Cámara de Diputados se ha generado una confrontación de posturas en torno a la minuta de reforma a la Ley de Amparo. El punto central de la controversia es la modificación al artículo 5º para redefinir el concepto de “interés legítimo”, un cambio que, según numerosos expertos, podría vulnerar el acceso a la justicia y los derechos humanos. La mayoría de los especialistas, académicos y abogados que participaron en los foros pidieron a los legisladores retirar la reforma, calificándola como un retroceso histórico respecto al avance logrado con la reforma de derechos humanos de 2013.

Argumentan que la nueva redacción, que exige una “lesión jurídica individual o colectiva real diferenciada”, es restrictiva e innecesaria. Arturo Guerrero Zazueta, director general de Derechos Humanos del Órgano de Administración Judicial, resumió esta postura al afirmar que se está “procurando arreglar lo que no está roto”, ya que la interpretación actual del interés legítimo ha permitido avances en materia ambiental, matrimonio igualitario y derecho a la interrupción del embarazo. Otros expertos, como Arturo Pueblita Fernández y Armando Hernández Cruz, alertaron que la reforma limitará la defensa de derechos colectivos y ambientales, y sugirieron que su origen podría ser una reacción a los amparos presentados contra megaproyectos gubernamentales. Por otro lado, hubo voces que defendieron la reforma, sosteniendo que busca acabar con excesos y arbitrariedades, además de proporcionar mayor claridad jurídica al concepto de interés legítimo para evitar que se use en casos con beneficios hipotéticos. Adicionalmente, durante las audiencias se propuso acotar los tiempos de los juicios de amparo, que pueden prolongarse por años. A pesar de algunos aspectos positivos de la reforma general, como el impulso a los juicios en línea, la preocupación principal de los especialistas se mantiene en que la limitación del interés legítimo afectará desproporcionadamente a organizaciones civiles y grupos vulnerables, dificultando su defensa frente a actos de autoridad.

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