Vínculos Criminales Transfronterizos: Exagente de la DEA y Exatleta Olímpico en la Mira por Nexos con Cárteles Mexicanos



El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, anunció que México pidió datos oficiales al Departamento de Justicia y a la Embajada de Estados Unidos sobre Paul Campo, un exagente de la DEA de 61 años. Campo fue acusado el viernes pasado en una corte federal de Nueva York por su presunta participación en una red de blanqueo de capitales para el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Con una trayectoria de 25 años en la agencia, donde llegó a ser subdirector de operaciones financieras, se le acusa de haber lavado, junto a su socio Robert Sensi, de 75 años, cerca de 750 mil dólares, con planes de aumentar la cifra a 12 millones. Aunque la investigación no ha presentado pruebas de un contacto directo entre los acusados y miembros del CJNG, ni de que el dinero proviniera del cártel, los cargos son graves.
Estos incluyen conspiración para cometer narcoterrorismo, distribución de narcóticos y apoyo material a una organización terrorista. El CJNG es considerado por Estados Unidos como una organización terrorista, lo que eleva la gravedad de cualquier vínculo con sus finanzas. El caso ha generado interés en México al involucrar a un exfuncionario de una agencia estadounidense dedicada a combatir el narcotráfico. Paralelamente, las autoridades estadounidenses buscan activamente en México a Ryan Wedding, un ciudadano canadiense y exatleta olímpico de snowboard.
La Embajada de Estados Unidos, a través de su titular Ronald Johnson, ha ofrecido una recompensa de 15 millones de dólares por información que lleve a su captura. Wedding es señalado por el FBI como uno de sus criminales más buscados y se le acusa de dirigir una violenta organización de narcotráfico en alianza con el Cártel de Sinaloa (CDS). Según el Departamento de Estado, Wedding es el principal distribuidor de cocaína en Canadá y es responsable de traficar anualmente 60 toneladas de cocaína colombiana hacia Los Ángeles a través de México. Los cargos en su contra incluyen dirección de una empresa delictiva, asesinato, conspiración para la distribución de cocaína e intimidación de testigos, tras el asesinato de un testigo federal en Medellín en 2024. Ambos casos ponen de manifiesto la infiltración del crimen organizado a nivel internacional y la necesidad de una cooperación estrecha entre México y Estados Unidos para desmantelar estas redes.

















