Crisis de Ciberseguridad en Guanajuato: Hackeo a la Fiscalía Expone Datos Sensibles y Desata Tensión Política



La Fiscalía General del Estado de Guanajuato (FGE) enfrenta una severa crisis de ciberseguridad después de que el grupo de hackers Tekir APT publicara información sensible presuntamente sustraída de sus sistemas. El incidente, que habría ocurrido el 8 de noviembre, dejó las plataformas internas de la institución prácticamente inoperativas, obligando al personal a realizar trámites de forma manual, según reportaron abogados locales. El 20 de noviembre, Tekir APT comenzó a filtrar los datos, que incluyen registros de personas detenidas, información de vehículos robados, grabaciones de cámaras de seguridad y datos personales de los empleados de la Fiscalía. Expertos en ciberseguridad como Sonora Cibersegura, Botcrawl y el periodista Ignacio Gómez Villaseñor, junto con la consultora internacional Hackmanac, confirmaron la autenticidad de los archivos filtrados. El grupo de hackers afirmó haber extraído más de 250 GB de información, cifrado los subdominios de la Fiscalía y eliminado las copias de seguridad, publicando una parte de los datos después de que, según ellos, las autoridades negaran el ataque. A pesar de la evidencia y las alertas tempranas, la FGE negó reiteradamente haber sido víctima de un hackeo. Inicialmente, atribuyó la falla del sistema a una “revisión preventiva de seguridad” y posteriormente a un “virus” que habría afectado a 60 equipos.
Estas declaraciones contradicen los informes de los especialistas y las pruebas presentadas por los propios hackers.
La filtración ha generado graves preocupaciones sobre la seguridad de la ciudadanía, ya que los datos expuestos podrían ser utilizados para cometer delitos como extorsión y fraude. El caso ha escalado al ámbito político, donde el secretario de Gobierno, Jorge Jiménez Lona, ha exigido al fiscal Gerardo Vázquez Alatriste que aclare la situación. En el Congreso local, la diputada Hades Berenice Aguilar Castillo propuso realizar una auditoría integral a los sistemas de la FGE, argumentando una protección digital insuficiente y señalando presuntas irregularidades en la ejecución de presupuestos destinados a infraestructura tecnológica.










