El gobierno de Trump detuvo a casi 380 mil migrantes en su primer año de mandato

La administración de Donald Trump detuvo a casi 380,000 migrantes en su primer año, según cifras oficiales, aunque un informe revela que la gran mayoría de ellos carece de antecedentes penales violentos.

El director interino del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), Todd Lyons, informó ante el Congreso de Estados Unidos que la administración de Donald Trump detuvo a 379,000 migrantes entre el 20 de enero de 2025 y el 20 de enero de 2026. Según Lyons, entre los detenidos se encontraban más de 7,000 presuntos pandilleros y más de 1,400 terroristas conocidos o presuntos, y afirmó que el ICE mantiene su compromiso de que quienes ingresan ilegalmente al país rindan cuentas. Sin embargo, un informe de la cadena CBS, basado en un documento del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), contradice la peligrosidad de los detenidos. El reporte señala que el 86% de los casi 400,000 migrantes arrestados en ese periodo carecen de historial criminal violento. De hecho, cuatro de cada diez no tenían ningún antecedente penal, y aunque el 60% sí tenía algún historial, la mayoría de los cargos no eran por crímenes violentos. Menos del 2% de los arrestados enfrentaban cargos por homicidio o ataques sexuales. Aunque los arrestos del ICE en el primer año de Trump triplicaron los 113,000 del último año de Joe Biden, el porcentaje de detenidos con antecedentes penales disminuyó del 72% al 60%.

Una investigación de la UCLA también reveló que la detención de inmigrantes latinos sin récord criminal se sextuplicó.

En respuesta, Tricia McLaughlin, subsecretaria del DHS, argumentó que delitos como el narcotráfico o el fraude son considerados "no violentos" y sostuvo que cerca del 70% de los arrestados tenían condenas previas o cargos pendientes.

Esta información surge en un momento políticamente delicado, con tensiones en Minesota por la muerte de dos ciudadanos estadounidenses a manos de agentes federales.

Además, los demócratas condicionan la financiación del DHS a cambios en sus políticas, como exigir órdenes judiciales para entrar a viviendas.

Si no se alcanza un acuerdo con los republicanos, el departamento podría enfrentar un cierre administrativo.