Prohibición de Vapeadores en México: Entre la Defensa de la Salud Pública y el Temor a un Mercado Negro

El Congreso de México ha aprobado una prohibición total sobre los vapeadores y cigarrillos electrónicos, una medida impulsada por el Ejecutivo que busca proteger la salud pública pero que ha generado un intenso debate sobre el riesgo de fomentar un mercado ilegal.

El Senado de la República aprobó una reforma a la Ley General de Salud para prohibir de manera absoluta la producción, comercialización, importación, exportación y publicidad de cigarrillos electrónicos y vapeadores en todo México. La minuta, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, fue avalada con 76 votos a favor de Morena y sus aliados, y 37 en contra de la oposición, siendo turnada al Ejecutivo Federal para su publicación oficial. La presidenta Sheinbaum defendió la medida argumentando que estos dispositivos son muy dañinos para la salud, en ocasiones más que los cigarros tradicionales. Hizo un llamado a los gobiernos estatales para colaborar en la vigilancia y evitar la venta ilegal, anunciando que la prohibición será acompañada de una campaña informativa nacional para concientizar sobre los riesgos. En la misma línea, el secretario de Salud, David Kershenobich Stalnikowitz, confirmó que su dependencia prepara un plan para combatir el mercado negro y disuadir el uso de estos productos entre la población. La reforma establece sanciones severas para quienes comercialicen o distribuyan los dispositivos, con penas que van de uno a ocho años de prisión y multas de hasta 226,280 pesos. Sin embargo, la ley especifica de manera explícita que ni el consumo ni la posesión para uso personal constituirán una infracción, buscando enfocar el castigo en la cadena de suministro y no en los usuarios. Los partidos de oposición (PAN, PRI y MC) criticaron duramente la reforma, advirtiendo que una prohibición total, en lugar de una regulación, entregará un mercado multimillonario al crimen organizado. Argumentan que la medida no eliminará el consumo, sino que lo hará más peligroso al carecer de control sanitario y estándares de calidad. En respuesta a la nueva legislación, autoridades locales como el municipio de Irapuato ya han manifestado su intención de colaborar, comprometiéndose a notificar a la Jurisdicción Sanitaria sobre los puntos de venta que sean detectados.