El gobierno de Veracruz utiliza patrullas para transportar a ciudadanos tras paro de transportistas

Un paro de labores de transportistas en la zona conurbada de Veracruz-Boca del Río, en protesta por la falta de un aumento autorizado a las tarifas, dejó a miles de usuarios varados y provocó la intervención del gobierno estatal.

La zona conurbada de Veracruz-Boca del Río experimentó una jornada caótica este jueves 29 de enero, después de que la mayoría de las líneas de transporte público suspendieran sus actividades. La interrupción del servicio, que comenzó alrededor de las 9 de la mañana, dejó a miles de ciudadanos sin poder trasladarse a sus trabajos y escuelas, generando aglomeraciones en las paradas de autobuses. El paro fue la respuesta de los concesionarios a los operativos implementados por el gobierno estatal para hacer cumplir las tarifas oficiales. Previamente, los transportistas habían aplicado un aumento unilateral no autorizado de entre el 30% y casi el 80%, fijando tarifas de 12 a 22 pesos y eliminando los descuentos para estudiantes y adultos mayores. El líder transportista, Alfonso Enríquez Bousart, justificó la medida argumentando que no habían tenido un aumento en más de una década, lo que hacía insostenible cubrir los costos del combustible y salarios. Ante la crisis, la gobernadora Rocío Nahle García aclaró que el único ajuste tarifario autorizado fue en Xalapa y que cualquier incremento en Veracruz era irregular.

Advirtió que las concesiones pueden ser retiradas por incumplimiento y ordenó a las autoridades de Tránsito y Transporte Público actuar contra los abusos.

Como medida de emergencia, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y Tránsito habilitaron patrullas para ofrecer transporte gratuito a la población, dando prioridad a menores y adultos mayores. La ruta principal cubierta fue desde el parque Zamora hasta la zona de Tejería. Adicionalmente, el gobierno estatal retiró de circulación los camiones de la línea Ulua, unidades que habían sido financiadas por la propia administración y entregadas a los concesionarios. Algunas de estas unidades fueron puestas en operación más tarde para dar servicio gratuito por instrucciones de las autoridades.

Esta situación es similar a una ocurrida durante la administración del exgobernador Fidel Herrera Beltrán, cuando también se usaron vehículos policiales para el transporte de ciudadanos.