Denuncia de Hacienda contra la Cooperativa Cruz Azul por presunta defraudación fiscal



La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través de la Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF), presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de la Cooperativa Cruz Azul. La acusación es por una presunta defraudación fiscal que supera los 613 millones de pesos, derivada de deducciones falsas por más de 1,717 millones de pesos consignadas en la declaración anual del ejercicio fiscal de 2019. La querella, presentada el 28 de marzo, señala a la Cooperativa como persona moral y a varios de sus directivos. Entre los implicados se encuentran el exdirector Guillermo "Billy" Álvarez, quien actualmente se encuentra en prisión por otros delitos, así como José Antonio Marín Gutiérrez y Víctor Manuel Velázquez Rangel, presidentes de los Consejos de Administración y Vigilancia, respectivamente. Esta acción representa un cambio en la estrategia del Gobierno Federal, que en administraciones pasadas había centrado sus investigaciones únicamente en el grupo de Álvarez.
Según la denuncia, la cooperativa habría utilizado un esquema de operaciones simuladas con empresas factureras para reducir su carga tributaria.
Las compañías señaladas en la investigación son Luhan, Alyfranz y Soluciones Inteligentes y Servicios, las cuales habrían emitido comprobantes fiscales para justificar transacciones inexistentes.
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) detectó que la cementera reportó ingresos por 19,280 millones de pesos, pero registró deducciones por 17,237 millones, de las cuales una parte significativa correspondería a dichos movimientos ficticios. Este nuevo escándalo se suma a una serie de conflictos legales y financieros que han afectado a la institución en los últimos años, incluyendo disputas internas y acusaciones previas por lavado de dinero.
Aunque el equipo de fútbol Cruz Azul atraviesa un buen momento deportivo, esta situación extradeportiva amenaza la estabilidad institucional.
La FGR analizará la denuncia para determinar si procede una acción penal, lo que podría resultar en severas sanciones económicas y procesos judiciales para los directivos involucrados.
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