El Departamento de Justicia de EU afirma que millones de archivos de Epstein siguen sin publicarse

El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha incumplido el plazo para la divulgación total de los archivos relacionados con el delincuente sexual Jeffrey Epstein. Millones de documentos continúan bajo un extenso proceso de revisión, lo que ha generado críticas y retrasos significativos.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) informó que sigue revisando más de dos millones de documentos vinculados a la investigación sobre el delincuente sexual Jeffrey Epstein, quien falleció en una cárcel de Nueva York en 2019 mientras esperaba su juicio por tráfico de menores. A pesar de que el mes pasado se comenzó a divulgar parte de la información, el organismo no cumplió con el plazo legal del 19 de diciembre establecido por la Ley de Transparencia de los Archivos Epstein para publicar la totalidad de los expedientes. En una carta enviada a un juez federal, el DOJ detalló que los millones de archivos permanecen “en diversas fases de revisión”.

Hasta la fecha, se han publicado aproximadamente 12,285 documentos, que suman más de 125,000 páginas, pero esto representa menos del uno por ciento del total. La situación se complicó cuando el 24 de diciembre se identificó más de un millón de archivos adicionales que no estaban contemplados en la revisión inicial y que ahora deben ser procesados para eliminar duplicados. La fiscal general, Pam Bondi, junto con otros responsables, firmó la misiva en la que se admite que “queda un trabajo sustancial por hacer”.

Para acelerar el proceso, más de 400 abogados del Departamento de Justicia y al menos 100 empleados del FBI, especializados en el manejo de “información sensible de las víctimas”, dedicarán las próximas semanas a la revisión manual de los documentos. El objetivo principal de esta revisión es detectar y proteger la información que pueda identificar a las víctimas.

Este retraso ha provocado fuertes críticas del Partido Demócrata hacia el presidente Donald Trump y su administración.

Por su parte, el gobierno ha defendido su gestión argumentando la necesidad de proteger la información sensible de las víctimas antes de hacerla pública.