El Dilema de la Representación: El Debate sobre Cuotas e Inclusión en el Sistema Electoral Mexicano

El sistema electoral mexicano enfrenta un intenso debate sobre la implementación de acciones afirmativas, que oscila entre la defensa de la representación de grupos vulnerables y las críticas por su posible contravención a la voluntad ciudadana.

El debate sobre las acciones afirmativas y la representación de grupos vulnerables en el sistema electoral mexicano se ha intensificado, generando tanto iniciativas para su protección como fuertes críticas sobre su implementación. Por un lado, se busca garantizar la inclusión de comunidades históricamente excluidas, mientras que por otro, se advierte sobre el riesgo de anteponer criterios identitarios a la voluntad expresada en las urnas.

Desde una perspectiva crítica, el consejero del Instituto Nacional Electoral (INE), Uuc-kib Espadas, acusó al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) de emitir sentencias con una lógica “wokista”. Espadas argumenta que el Tribunal privilegia el “derecho identitario” sobre el principio democrático, citando como ejemplos la creación de “cinco categorías premium” de grupos para acciones afirmativas, excluyendo a otros; la práctica del “fraude paritario”, donde se modifican resultados electorales para cumplir cuotas de género; y el intento de reservar la identidad de legisladores electos por esta vía. Según el consejero, esta tendencia aleja a la democracia de la representación basada en el voto y la acerca a un “derecho de tribu”. En contraste, desde el ámbito legislativo, la senadora de Morena, Reyna Celeste Ascencio Ortega, impulsa una iniciativa para sancionar penalmente la usurpación de candidaturas destinadas a grupos prioritarios. La propuesta busca combatir la simulación, como los casos registrados en Michoacán en 2024, donde hombres se registraron fraudulentamente como mujeres trans o indígenas para ocupar estos espacios. Ascencio Ortega defiende las acciones afirmativas como medidas temporales y necesarias para saldar una “deuda histórica” con poblaciones como la indígena, afromexicana, personas con discapacidad, migrantes y de la diversidad sexual. Paralelamente, instituciones como el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) promueven la reflexión sobre la inclusión. En una conferencia sobre los derechos político-electorales de las personas con discapacidad, el activista Jesús Axel De la Cruz Sierra enfatizó la necesidad de una “democracia accesible”.

Subrayó que garantizar el voto mediante materiales adecuados, casillas adaptadas y personal capacitado es una obligación del Estado, no un privilegio.

Asimismo, demandó una mayor representación de este sector en puestos de toma de decisiones para construir una sociedad más justa.