
Propuesta fiscal para gravar bebidas electrolíticas en México



Una propuesta en la Cámara de Diputados, impulsada por legisladores del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y del Partido del Trabajo (PT), busca modificar el régimen fiscal de las bebidas electrolíticas orales, como Electrolit y Suerox. Actualmente, estos productos están registrados como medicamentos, lo que los exenta del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) y del Impuesto al Valor Agregado (IVA), además de no requerir los sellos de advertencia de la Norma Oficial Mexicana NOM-051. La iniciativa propone considerarlos como bebidas azucaradas, equiparándolos a los refrescos.
Los legisladores argumentan que esta clasificación es un vacío regulatorio que beneficia a los fabricantes. Sostienen que estas bebidas contienen altos niveles de azúcar; se menciona que pueden tener hasta 3.7 veces más glucosa que la fórmula de rehidratación de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
El diputado Ernesto Núñez Aguilar (PVEM) afirmó que las empresas registran estos productos como "medicamentos" para eludir impuestos y regulaciones, generando una ventaja competitiva indebida.
Por su parte, el legislador José Antonio López Ruiz (PT) señaló que su consumo masivo representa un riesgo para la salud pública al contribuir a la obesidad y la diabetes. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través de su titular Édgar Amador Zamora, se ha mostrado abierta a discutir la propuesta durante la comparecencia del Paquete Económico 2026. Según estimaciones de los diputados, gravar estas bebidas podría generar una recaudación adicional de hasta 5,000 millones de pesos anuales. Se informó que solo la marca Electrolit reportó ventas superiores a los 16,000 millones de pesos en 2024, y que la pérdida fiscal acumulada en cinco años por no pagar estos impuestos supera los 12,000 millones de pesos.
De aprobarse la reforma, el impacto directo para el consumidor sería un aumento de precio cercano al 27%. Se calcula que una botella de un litro podría pasar de 33 a más de 41 pesos. Además, los productos tendrían que incluir sellos de advertencia nutricional. Un artículo de opinión sugiere que la medida responde a la necesidad del gobierno de obtener más recursos ante dificultades económicas, calificando los "impuestos saludables" como una fuente de ingresos discrecionales más que una política de salud integral.
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