Israel suspende las licencias de 37 ONG internacionales en la Franja de Gaza

El gobierno de Israel ha suspendido las licencias de operación de 37 organizaciones humanitarias en la Franja de Gaza, una medida que ha generado una fuerte condena internacional y amenaza con agravar la ya catastrófica crisis humanitaria en el enclave palestino.

El 1 de enero de 2026, el gobierno de Israel oficializó la suspensión de licencias a 37 organizaciones no gubernamentales (ONG) internacionales que operan en la Franja de Gaza. La decisión se basa en una nueva normativa que exige a las ONG entregar listados completos de sus empleados locales a las autoridades israelíes por motivos de “seguridad y transparencia”. Según el ministro israelí Amichai Chikli, la medida busca impedir la infiltración de “operadores terroristas” en las estructuras de ayuda, y afirmó que la principal falla de las organizaciones fue su negativa a proporcionar información “completa y verificable”.

Entre las organizaciones afectadas se encuentran actores clave del sector humanitario como Médicos Sin Fronteras (MSF), Norwegian Refugee Council, Care, World Vision, Oxfam, Médicos del Mundo (MDM) y Handicap International (HI).

MSF respondió que, si bien aplica políticas internas estrictas para evitar el desvío de ayuda, no entregó la lista de sus empleados ante la falta de “garantías y aclaraciones” por parte de Israel sobre una solicitud que calificó de preocupante. La medida se suma a la prohibición impuesta en 2024 a la agencia de la ONU para los refugiados palestinos (UNRWA) para operar en territorio israelí. La suspensión ha provocado una enérgica respuesta internacional. La Unión Europea exigió el levantamiento inmediato de los obstáculos a la ayuda humanitaria, mientras que el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, advirtió que estas “suspensiones arbitrarias” agravan una situación intolerable. Por su parte, el secretario general de la ONU, António Guterres, exigió la revocación de las leyes dirigidas contra la UNRWA, a la que el parlamento israelí (Knesset) también busca cortar el suministro de agua y electricidad. Incluso dentro de Israel, 17 organizaciones de izquierda condenaron la medida, recordando que, como potencia ocupante, Israel tiene la obligación de garantizar los suministros a la población civil. Esta decisión se produce en un contexto de devastación en Gaza, donde cerca del 80% de las edificaciones han sido destruidas. Según las autoridades sanitarias del enclave, desde el inicio de la ofensiva en octubre de 2023, la cifra de palestinos fallecidos asciende a 71,266, con más de 171,000 heridos. La prohibición de operar a decenas de ONG amenaza con profundizar una crisis humanitaria que organismos internacionales ya consideran catastrófica.