Un juez de Estados Unidos ordena el regreso de 137 venezolanos deportados a El Salvador

Un juez federal en Estados Unidos ha ordenado al gobierno de Donald Trump que devuelva al país a 137 ciudadanos venezolanos que fueron deportados a El Salvador en 2025, citando una grave violación de sus derechos al debido proceso.

El magistrado James E. Boasberg, del Tribunal de Distrito de Columbia, dictaminó que la administración Trump debe facilitar el retorno de 137 migrantes venezolanos enviados a una prisión en El Salvador en marzo de 2025. El juez concluyó que la deportación se realizó sin otorgar a los hombres la oportunidad de impugnar legalmente su expulsión, lo que constituye una clara violación a sus derechos constitucionales. La administración tiene un plazo de dos semanas para presentar un plan detallado que garantice su regreso a Estados Unidos para que puedan presentar sus casos ante los tribunales. La expulsión se basó en la invocación de la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 (Alien Enemies Act), una norma poco utilizada y diseñada originalmente para tiempos de guerra. Las autoridades estadounidenses acusaron a los deportados de tener presuntos vínculos con pandillas, aunque diversas investigaciones señalaron que muchos de ellos carecían de antecedentes penales sólidos. Los hombres fueron trasladados al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) en El Salvador como parte de un acuerdo entre Washington y San Salvador, que posteriormente incluyó un intercambio de prisioneros con Venezuela. Boasberg rechazó el argumento del gobierno de que no podían ser devueltos, afirmando que el derecho de los migrantes a presentar recursos de hábeas corpus no desaparece por haber sido trasladados fuera del país. Este fallo se enmarca en un prolongado conflicto entre los poderes judicial y ejecutivo sobre las políticas migratorias de la administración Trump, las cuales han sido objeto de múltiples demandas y críticas por parte de organizaciones de derechos humanos. Estas organizaciones han cuestionado el uso de herramientas legales excepcionales para acelerar deportaciones sin las garantías procesales adecuadas.

Durante la audiencia, el representante legal de los demandantes no pudo precisar cuántos de los deportados permanecen en Venezuela ni cuántos desean continuar con sus demandas.

Hasta el momento, la Casa Blanca no ha emitido comentarios oficiales sobre la orden judicial.