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Batallas en las Cortes: Ciudades y Estados Desafían el Poder Federal de la Administración Trump

La administración del presidente Donald Trump enfrenta una creciente ola de desafíos legales en múltiples frentes, desde el controvertido despliegue de la Guardia Nacional en ciudades demócratas hasta sus políticas migratorias, desatando un choque institucional sobre los límites del poder federal y la autonomía estatal.
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Una serie de batallas judiciales se ha desatado en Estados Unidos, donde gobiernos locales, estados y organizaciones civiles se oponen a las directrices del gobierno del presidente Donald Trump.

El principal foco de conflicto es el intento de desplegar a la Guardia Nacional en ciudades gobernadas por demócratas, una medida que ha sido bloqueada temporalmente en Chicago por la jueza federal April Perry, quien extendió una orden de restricción por 30 días adicionales. A pesar de que los abogados de la administración aceptaron la extensión, han solicitado a la Corte Suprema una orden de emergencia para permitir el despliegue, argumentando que la prohibición causa un "daño grave e irreparable al Ejecutivo". El caso de Chicago no es aislado y forma parte de un patrón de resistencia legal a nivel nacional. En California, el gobernador Gavin Newsom impugna el envío de tropas a Los Ángeles, mientras que en Portland, Oregón, el despliegue se encuentra en el limbo debido a fallos judiciales contradictorios. A estas disputas se suman acciones legales en Memphis, Tennessee, donde funcionarios demócratas demandaron para detener el despliegue, y en Washington, D.C., donde se busca bloquear la llegada de la Guardia Nacional de Virginia Occidental. Estos enfrentamientos han reavivado el debate constitucional sobre el alcance del poder presidencial para utilizar fuerzas federales dentro de los estados sin el consentimiento de las autoridades locales.

Más allá de la militarización, la administración Trump enfrenta otros frentes judiciales relacionados con sus políticas migratorias. Organizaciones como LatinoJustice PRLDEF han demandado al gobierno federal por la práctica de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de detener a inmigrantes en los propios tribunales de migración. Asimismo, en Florida, un litigio por preocupaciones ambientales contra un centro de detención de inmigrantes fue suspendido temporalmente a petición del gobierno debido a la falta de financiamiento por el cierre gubernamental.

Estos casos, en conjunto, evidencian un profundo choque entre el poder federal y las entidades locales que defienden su autonomía y los derechos civiles.

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