Gobiernos mexicanos asumirán altos costos y exentarán de impuestos a la FIFA para el Mundial 2026



La organización de la Copa del Mundo 2026, que se celebrará del 11 de junio al 19 de julio en México, Estados Unidos y Canadá, implicará un alto costo para las finanzas públicas mexicanas y para los aficionados. Mientras la FIFA ofrecerá boletos hasta tres veces más caros que en el mundial anterior y aportará pocos recursos, los gobiernos federal y de las ciudades sede (Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara) asumirán la mayor parte de los gastos organizativos. Los "Acuerdos de Ciudad Sede" firmados con la FIFA comprometen a los gobiernos locales a financiar gran parte de la infraestructura, lo que ha llevado a la solicitud de deuda. El gobierno federal anunció apoyos de 2 mil millones de pesos para cada estado sede. En la CDMX, la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, informó sobre la emisión de un "Bono Verde" de 3 mil millones de pesos para obras viales. Por su parte, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, solicitó una deuda de 14 mil 644 millones de pesos para 2026, la cual fue rechazada por el congreso local. Uno de los compromisos más significativos es la exención de impuestos. La Ley de Ingresos de la Federación 2026 incluye un artículo que exenta totalmente a la FIFA y a sus asociados del pago de impuestos federales como el ISR y el IVA. A nivel local, los convenios obligan a las ciudades a procurar que la FIFA no pague contribuciones y, en caso de que se generen, la autoridad local deberá asumir la carga económica. El acuerdo de la CDMX fue firmado en 2022 durante la gestión de Claudia Sheinbaum, y el de Monterrey por el entonces alcalde Luis Donaldo Colosio. Las obligaciones de las ciudades sede también incluyen proporcionar transporte gratuito para los poseedores de boletos en días de partido, así como instalaciones sin costo para la FIFA, como oficinas equipadas y centros de boletaje. A diferencia de Estados Unidos y Canadá, donde ciudades como Seattle y Vancouver hicieron públicos sus contratos, los acuerdos firmados por las sedes mexicanas no han sido transparentados.














