La Suprema Corte de Justicia de la Nación crea un sistema para integrar los saberes jurídicos de pueblos indígenas y afromexicanos



La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) presentó la creación del Sistema de Investigación Comunitaria (SIC), un mecanismo diseñado para reconocer, dar valor académico e incorporar los saberes jurídicos de los pueblos indígenas y afromexicanos en las resoluciones de jueces, magistrados y ministros. Este sistema, que forma parte del Centro de Estudios Constitucionales y Saberes Jurídicos (CECSJ) del alto tribunal, tiene como objetivo ampliar la visión tradicional del derecho y hacer efectivo el pluralismo jurídico en México, reconociendo que estas comunidades producen conocimiento jurídico legítimo a partir de su historia y sus prácticas en la defensa de los derechos humanos. Durante la presentación, el ministro presidente de la SCJN, Hugo Aguilar Ortiz, afirmó que la justicia debe abandonar el formalismo excesivo para acercarse a la realidad social. Criticó la desvalorización histórica del conocimiento comunitario, ejemplificando cómo al derecho producido por el Estado se le llama "derecho", mientras que al de las comunidades se le denomina "usos y costumbres". Aguilar Ortiz enfatizó que el objetivo del SIC es que la investigación aplicada incida directamente en las sentencias y resoluciones judiciales, y no se limite a la producción de libros, para que las demandas de la gente logren sistematizarse y llegar a los tomadores de decisiones. Orlando Aragón Andrade, director general del CECSJ, señaló que la iniciativa busca construir puentes de diálogo entre la pluralidad de justicias existentes para aspirar a una sociedad más democrática y una Corte más incluyente. Por su parte, Iván Ramos Méndez, en representación del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), destacó que tras la reforma constitucional de 2024 existen más de 16 mil sistemas normativos vigentes en México, lo que subraya la necesidad de su reconocimiento institucional. En el evento también participaron Catalina Ramírez Hernández, del Órgano de Administración Judicial; Palmira Flores García, investigadora comunitaria indígena; y Sael Silva Cisneros, investigador comunitario afromexicano.
















