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Crisis por inundaciones en Veracruz: Duarte culpa a sucesores y Nahle cancela seguro contra desastres

Desde prisión, el exgobernador Javier Duarte ha culpado a sus sucesores por la devastación causada por las recientes inundaciones en Veracruz, mientras la actual administración de Rocío Nahle enfrenta críticas por no renovar el seguro estatal contra desastres naturales.
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A raíz de las severas inundaciones y el desbordamiento de ríos en Veracruz, el exgobernador Javier Duarte, actualmente preso en el Reclusorio Norte por lavado de dinero y asociación delictuosa, responsabilizó a sus sucesores, Miguel Ángel Yunes y Cuitláhuac García, de la crisis que vive el estado. A través de sus redes sociales, Duarte afirmó que ambos se dedicaron a "destruir" su legado en materia de Protección Civil, lo que, según él, debilitó la capacidad de la entidad para enfrentar fenómenos naturales y es la causa del "sufrimiento" actual de los veracruzanos. Duarte sostuvo que durante su gestión se implementó una política de Protección Civil exitosa y reconocida internacionalmente, la cual incluía la creación del Atlas Estatal de Riesgos, la alerta temprana "alerta gris", el Plan Tajín, el dragado permanente de ríos, la construcción de muros de contención y una flotilla aérea especializada. Aseguró que gracias a estas medidas, durante su mandato se lamentaron "muy pocas vidas", a pesar de haber enfrentado huracanes. Además, criticó el "populismo de utilería" de tomarse fotos en zonas de desastre y afirmó que su gobierno no esperaba la ayuda federal para actuar. La situación se agrava con la revelación de que la actual gobernadora, Rocío Nahle, no renovó la póliza de seguro contra desastres naturales que protegía a la entidad, la cual venció el 30 de mayo de 2025. A pesar de las alertas sobre lluvias históricas, la administración decidió crear un nuevo organismo público, la Aseguradora Veracruzana de Servicios Integrales. Sin embargo, el decreto de creación de esta aseguradora estipula que su cobertura se limita a los bienes del gobierno estatal y a las prestaciones de sus trabajadores, sin contemplar a la población civil ni la reparación de daños a sus patrimonios. La gobernadora Nahle justificó la decisión argumentando que no era un "tema de dinero" y que el estado tiene un fideicomiso para emergencias. No obstante, expertos calificaron la medida como una "negligencia" e "irresponsabilidad" que deja a miles de familias indefensas.

Mientras tanto, la catástrofe ha dejado un saldo de 37 municipios con daños graves, 32 personas fallecidas y 14 desaparecidas.

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