Posible crimen de guerra en el Caribe desata investigación bipartidista en el Congreso de EE. UU.



La controversia surgió a raíz de un reportaje de The Washington Post, el cual afirmó que el secretario de Defensa, Pete Hegseth, dio una orden verbal para matar a todas las personas a bordo de embarcaciones sospechosas de narcotráfico. Esta directiva habría llevado a un comandante militar a ejecutar un segundo ataque a principios de septiembre con el fin de eliminar a los sobrevivientes del impacto inicial de misiles.
La reacción en el Congreso fue inmediata y bipartidista.
El representante republicano Mike Turner calificó el presunto acto como “muy grave” e “ilegal”, mientras que los senadores demócratas Tim Kaine y Mark Kelly afirmaron que, de ser cierto, el hecho “se eleva al nivel de un crimen de guerra”. En respuesta, los comités de Servicios Armados de la Cámara de Representantes y del Senado, liderados por figuras de ambos partidos como Roger Wicker, Jack Reed, Mike Rogers y Adam Smith, se comprometieron a realizar una “enérgica supervisión” para esclarecer los hechos. Este escrutinio representa un paso notable, especialmente por parte de los legisladores republicanos, quienes habían evitado supervisar las acciones del presidente Donald Trump.
Estas operaciones militares forman parte de una ofensiva de la administración Trump contra el narcotráfico en el Caribe, la cual ha resultado en más de 80 muertes desde septiembre. El gobierno justifica las acciones como parte de un conflicto armado formal contra los cárteles, pero el Congreso ha cuestionado su base legal. El presidente Trump expresó su confianza en Hegseth, quien calificó el reportaje de “inventado e incendiario”, aunque defendió los ataques como “letales, cinéticos”. Por su parte, el líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, exigió la publicación de las cintas de los ataques sin editar. Mientras algunos republicanos como el senador Markwayne Mullin defienden las acciones del gobierno como una medida proactiva para proteger a Estados Unidos, la creciente preocupación incluso entre republicanos sugiere un escrutinio más intenso sobre el alcance y la legalidad de la ofensiva militar en la región.










