Ley Trasciende: La Lucha Ciudadana por el Derecho a una Muerte Digna Llega al Congreso Mexicano



Diputadas de los partidos Morena y Movimiento Ciudadano presentaron en la Cámara de Diputados la iniciativa ciudadana conocida como ‘Ley Trasciende’, que busca legalizar la eutanasia y la muerte asistida en México. La propuesta, impulsada por la activista Samara Martínez, quien padece una enfermedad crónico-degenerativa, fue presentada por las legisladoras Estela Carina Piceno (Morena) y Patricia Mercado (MC) y fue turnada a las comisiones de Puntos Constitucionales, Justicia y Salud para su análisis. La iniciativa consiste en un paquete de dos reformas, una de carácter constitucional y otra legal. Busca adicionar un párrafo al artículo 4° de la Constitución para reconocer el derecho a una muerte digna y facultar al Congreso, mediante una nueva fracción en el artículo 73, para expedir una Ley General en materia de Muerte Digna en un plazo máximo de un año. Además, propone modificar la Ley General de Salud, que actualmente prohíbe la eutanasia, y el Código Penal Federal para despenalizar el 'homicidio por compasión'. Las legisladoras argumentaron que la prohibición actual representa una invasión del Estado en decisiones personales, privilegiando el dolor sobre la voluntad de morir en paz. Patricia Mercado señaló que en México solo el 3% de las 600,000 personas que requieren cuidados paliativos los reciben, y que, según encuestas de la Asociación por el Derecho a Morir con Dignidad, el 70% de los mexicanos apoya legislar sobre la propia muerte. También destacó que en países donde la eutanasia es legal, esta representa solo entre el 1% y el 4% de los fallecimientos. La 'Ley Trasciende' beneficiaría a personas mayores de edad, en pleno uso de sus facultades mentales, con un diagnóstico de enfermedad terminal, incapacitante o crónico-degenerativa. El procedimiento propuesto requiere la evaluación de dos médicos especialistas, la verificación ante notario y la ratificación del paciente. Se garantizaría también el derecho a la objeción de conciencia del personal de salud, aunque las instituciones deberán contar con personal capacitado para realizar el procedimiento. El rostro de esta iniciativa es Samara Martínez, una activista de Chihuahua diagnosticada con una enfermedad renal terminal que la mantiene conectada a diálisis por más de 10 horas diarias. Tras dos trasplantes fallidos, su lucha personal la llevó a recolectar más de 128,000 firmas ciudadanas de respaldo, que fueron entregadas en el Senado. Martínez ha enfatizado que la ley no busca promover la muerte, sino 'dignificar la vida hasta el último momento' y dejar de criminalizar la compasión.
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