El sistema judicial mexicano avanza en un proceso de reforma y reestructuración

Diversas iniciativas y cambios en los sistemas de justicia de México, desde la implementación de nuevos códigos hasta diálogos para mejorar el acceso a la justicia, marcan una etapa de profunda transformación en el Poder Judicial del país.

El sistema de justicia en México se encuentra en un proceso de modernización y reajuste a nivel federal y estatal, impulsado por la implementación de nuevas legislaciones y la revisión de marcos normativos existentes. Un ejemplo de ello es el cierre del Juzgado Municipal de Atlixco, una consecuencia directa de la entrada en vigor del nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que busca homologar los procesos judiciales en todo el país. Esta medida resultó en la transferencia de miles de expedientes a un Juzgado Civil y generó incertidumbre laboral para el personal, que fue notificado del cierre de forma sorpresiva. A nivel estatal, el Poder Judicial del Estado de México planea una reforma integral al proponer la creación de un nuevo Código Penal desde cero. La iniciativa busca desarrollar un marco normativo más operativo, reorganizar los delitos según su nivel de impacto y fortalecer la justicia civil y familiar, así como los mecanismos alternativos de solución de controversias. Este proyecto forma parte de una política pública más amplia que pretende hacer más ágil y funcional el sistema judicial de la entidad, con la intención de que la Fiscalía se concentre en delitos de alto impacto. Paralelamente, se llevan a cabo esfuerzos para mejorar el acceso a la justicia para grupos específicos de la población. En los "Diálogos por la Justicia Abierta" promovidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en Veracruz, se propuso garantizar el respeto a la jurisdicción indígena, conforme al artículo segundo de la Constitución. Otras propuestas incluyen la necesidad de más intérpretes y traductores especializados, fortalecer la atención a víctimas de violencia de género y especializar a los operadores jurídicos en la solución de conflictos. La importancia del debido proceso y la correcta fundamentación de las sentencias también ha sido subrayada. En Tamaulipas, magistrados federales concedieron un amparo a un procesado debido a que la sala estatal no motivó adecuadamente el grado de culpabilidad al individualizar la pena. Este caso resalta la obligación de los juzgadores de explicar de manera clara y fundada sus decisiones, un principio fundamental para garantizar la legalidad y evitar la arbitrariedad en el sistema de justicia.