Iniciativas y procesos judiciales buscan atender la violencia y la corrupción en México

Diversas propuestas legislativas y acciones gubernamentales en México buscan fortalecer la atención a víctimas de violencia y la cultura de la legalidad, mientras que procesos judiciales y señalamientos de corrupción evidencian los desafíos del sistema de justicia.

En el ámbito legislativo, se discuten iniciativas para mejorar la protección a las víctimas de violencia. Una propuesta en la Cámara de Diputados busca reformar la Ley General de Víctimas para que las entidades federativas creen centros comunitarios de atención integral, los cuales ofrecerían apoyo psicológico, médico, social y asesoría legal. El objetivo es cerrar la brecha entre la ley y la atención real que reciben las personas afectadas. En San Luis Potosí, se presentó una iniciativa para reformar el Código Penal estatal y establecer que el delito de violencia familiar se persiga de oficio, eliminando la necesidad de una querella por parte de la víctima, quien a menudo no la sostiene por miedo, dependencia económica o afectaciones psicológicas.

Paralelamente, se implementan acciones preventivas y se avanza en casos judiciales.

En Guanajuato, la Subsecretaría de Prevención realizó 1,599 actividades durante 2025 para fomentar la cultura de la legalidad y la denuncia, impactando a 175,762 personas. Estas acciones incluyeron la promoción del uso de los números de emergencia 911, 089 y 075.

En Michoacán, el Poder Judicial vinculó a proceso a varios individuos por delitos graves: en Uruapan, un hombre fue procesado por secuestro agravado, desaparición forzada y violencia vicaria; mientras que en Morelia se procesó a un profesor por violación y a otro hombre por homicidio calificado en razón de parentesco.

Sin embargo, persisten críticas sobre la imparcialidad y eficacia del sistema de justicia.

Un análisis señala una percepción de corrupción institucional bajo el gobierno de Morena, donde presuntamente se protege a funcionarios y simpatizantes. El caso central es el del exgobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, cuyo proceso por un presunto desvío de 98.6 millones de pesos de recursos estatales se intenta atraer a la jurisdicción federal, una medida que la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua considera una invasión de su competencia. Este caso se suma a otros señalados como impunes, como los de Segalmex, Pío López Obrador y el llamado 'huachicol fiscal', lo que alimenta el debate sobre la aplicación selectiva de la ley en el país.