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La estrategia de EE. UU. contra el narco y su impacto en México

Los acuerdos judiciales entre narcotraficantes y Estados Unidos están reconfigurando el mapa del poder en México, al convertir a los capos en fuentes de inteligencia que exponen la colusión entre el crimen y la política, generando una herramienta de presión diplomática para Washington.
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Según el abogado internacionalista Jaime Ortiz, los llamados “narcoacuerdos” —pactos judiciales entre narcotraficantes y autoridades estadounidenses a cambio de información— están desmantelando redes criminales y, al mismo tiempo, reconfigurando el mapa político, económico y militar de México desde los tribunales de Estados Unidos. Figuras como Ovidio Guzmán López, Ismael “El Mayo” Zambada y Rafael Caro Quintero son consideradas “fuentes de inteligencia” que revelan esquemas de protección institucional y vínculos entre el crimen organizado y actores del poder político mexicano. La Administración Antidrogas (DEA) ha reconocido la “capacidad de cooptación institucional” de cárteles como el de Sinaloa y el Jalisco Nueva Generación, aunque evita nombrar a funcionarios en activo para proteger las investigaciones en curso. Esta estrategia estadounidense consiste en obtener inteligencia estratégica a cambio de beneficios procesales para los capos, convirtiendo la información sobre rutas, sobornos y alianzas en una herramienta judicial y diplomática.

Sin embargo, esta política genera preocupación.

Las periodistas María Idalia Gómez y Anabel Hernández advierten que la autorización de Estados Unidos para usar medidas operativas y legales contra el crimen organizado podría ser parte de una “narrativa intervencionista” para justificar acciones políticas o militares en la región. Hernández subraya la vulnerabilidad de México ante esta situación, debido a la falta de una estrategia propia y a la colusión existente entre el crimen y el poder. La narcocriminalidad es definida como una red de complicidad entre crimen organizado, autoridades y empresarios.

En contraste, el Gobierno federal de México ha intensificado sus propias acciones contra la delincuencia. El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, informó sobre una estrategia enfocada en combatir la extorsión y la desaparición de personas, que incluye el fortalecimiento del Centro Nacional de Inteligencia y la coordinación con la Unidad de Inteligencia Financiera. Según el funcionario, los homicidios dolosos disminuyeron un 32% entre septiembre de 2024 y 2025. Además, se reporta un aumento en las denuncias por extorsión, la detención de 386 personas por este delito y un total de 34 mil detenciones por delitos de alto impacto a nivel nacional.

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