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Maniobras en el Caribe: La estrategia de doble filo de EE. UU. entre la lucha antinarcóticos y la presión a Venezuela

Estados Unidos ha intensificado su presencia militar en el Caribe con el mayor despliegue desde la Crisis de los Misiles de 1962, una movilización que, si bien se justifica como una operación antidrogas, eleva la tensión regional y alimenta las sospechas sobre preparativos para una posible acción en Venezuela.
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En medio de una creciente tensión entre Washington y Caracas, Estados Unidos ha desplegado una considerable fuerza militar en el Caribe.

Oficialmente, el objetivo es combatir el narcotráfico, como parte de las prioridades del presidente. Esta operación incluye ejercicios de entrenamiento de la 22a Unidad Expedicionaria de Marines en Puerto Rico, con desembarcos anfibios y misiones de infiltración apoyadas por helicópteros, así como una serie de ataques contra embarcaciones de presuntos narcotraficantes que, desde el 4 de septiembre, han resultado en al menos 15 ataques y 64 muertes.

El despliegue naval es el más grande en la región no relacionado con ayuda humanitaria desde 1994. Paralelamente a las operaciones activas, el ejército estadounidense está modernizando infraestructura clave en la región, lo que sugiere preparativos para operaciones sostenidas.

Destaca la reactivación de la antigua base naval Roosevelt Roads en Puerto Rico, cerrada hace más de 20 años y una de las más grandes del mundo en su momento. Los trabajos, iniciados el 17 de septiembre, incluyen la repavimentación de pistas para permitir el uso de aviones de combate y de carga. Además, se están ampliando las capacidades en aeropuertos civiles de Puerto Rico y Saint Croix, en las Islas Vírgenes de EE.

UU., territorios ubicados a unos 800 kilómetros de Venezuela. Estas mejoras incluyen la instalación de torres de control móviles y la posible construcción de un depósito de municiones. Analistas y expertos consideran que estas maniobras van más allá de la lucha antidrogas y están diseñadas para desestabilizar al gobierno de Nicolás Maduro. Christopher Hernandez-Roy, del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, opina que el objetivo es presionar al régimen y a su cúpula militar, con la esperanza de generar divisiones internas que podrían forzar a Maduro al exilio o provocar una traición. La situación ha elevado la tensión diplomática, con Rusia enviando mensajes contradictorios que condenan el uso de la fuerza pero a la vez amenazan con enviar misiles a Caracas. En el ámbito legal, el Departamento de Justicia de la administración Trump ha informado al Congreso que estas operaciones no están sujetas a la Resolución sobre Poderes de Guerra de 1973. Dicha ley exige la aprobación del Congreso para continuar operaciones hostiles más allá de 60 días.

Sin embargo, el gobierno argumenta que los ataques no se consideran “hostilidades” bajo la ley, ya que el personal militar estadounidense no corre peligro, definiéndolos como un “conflicto armado no internacional” contra narcotraficantes para garantizar la seguridad nacional.

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