Activistas y familiares exigen justicia por feminicidios en Chihuahua en medio de un clima de impunidad

A quince años del asesinato de la activista Marisela Escobedo, la exigencia de justicia por los feminicidios en Chihuahua resuena con fuerza, mientras la impunidad y el temor persisten en casos recientes como el de Anayely y Melany en Casas Grandes.

Al cumplirse quince años del feminicidio de la activista Marisela Escobedo Ortiz, la Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez le rindió un homenaje, calificando su caso como una “herida abierta” que evidencia la deuda del Estado mexicano con las víctimas de la violencia feminicida. La lucha de Marisela comenzó tras el asesinato de su hija, Rubí Marisol Frayre Escobedo, en 2008. A pesar de que su pareja, Sergio Rafael Barraza Bocanegra, confesó el crimen, fue absuelto en un primer juicio, lo que impulsó a Marisela a una incansable búsqueda de justicia que culminó con su propio asesinato frente al Palacio de Gobierno de Chihuahua en 2010.

El caso sigue marcado por la impunidad.

Barraza Bocanegra, también señalado como autor intelectual del asesinato de Marisela, murió en 2012 en un enfrentamiento con el Ejército sin haber cumplido una condena firme.

Las activistas denuncian que las versiones oficiales sobre la muerte de Marisela fueron contradictorias y la investigación fue cerrada sin un esclarecimiento completo.

Como consecuencia, la familia Escobedo permanece en el exilio desde hace 15 años por falta de garantías de seguridad para su regreso. El caso fue presentado ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos en 2019, pero no ha mostrado avances significativos desde 2021. Este contexto de desconfianza e impunidad se refleja en casos actuales, como el doble feminicidio de Anayely y su hija Melany en Casas Grandes. Familiares y amigos de las víctimas expresaron su temor de que el presunto responsable, Carlos Iván M., de 35 años, quede en libertad. La preocupación aumentó tras su traslado a Nuevo Casas Grandes y porque, de manera extraoficial, se informó que fue presentado inicialmente por posesión de marihuana y no por el doble feminicidio. Los familiares, quienes denunciaron haber recibido amenazas previas del sospechoso, exigen a las autoridades una investigación a fondo para evitar que el crimen quede impune, mostrando que la lucha por la justicia para las mujeres en Chihuahua sigue vigente y llena de obstáculos.