Venezuela reforma su ley de hidrocarburos para atraer inversión extranjera



La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó una profunda reforma a su legislación petrolera, un giro que revierte en gran medida la nacionalización de 2007.
La nueva ley otorga a las empresas extranjeras mayor control operativo sobre los proyectos, reduce potencialmente las regalías e impuestos, y permite resolver disputas en tribunales internacionales.
Esta medida se produce después de que fuerzas militares estadounidenses destituyeran al presidente Nicolás Maduro, y su sucesora, Delcy Rodríguez, cediera a las presiones del gobierno de Donald Trump para abrir el sector a una mayor participación estadounidense.
Como respuesta, la administración Trump anunció que reduciría las sanciones a la industria petrolera del país. La reacción de las grandes petroleras estadounidenses ha sido mixta.
Chevron, que ha permanecido en el país y es el mayor productor privado, se muestra optimista.
Su directora financiera, Eimear Bonner, elogió los recursos venezolanos y reiteró la disposición de la empresa para aumentar su producción en un 50% en los próximos dos años si se dan las condiciones adecuadas, incluyendo autorizaciones adicionales.
Por otro lado, Exxon Mobil, que abandonó el país tras la nacionalización, mantiene una postura más cautelosa.
Su director ejecutivo, Darren Woods, quien previamente calificó a Venezuela como "no invertible", ha suavizado su tono, aunque sigue señalando los obstáculos políticos y de seguridad, pero se comprometió a enviar un equipo para evaluar las oportunidades.
A pesar del potencial, persisten el escepticismo y los desafíos. La reforma busca atraer inversiones en un contexto de bajos precios del petróleo y una caída proyectada del 15% en el gasto mundial en exploración. Expertos como Alejandro Grisanti prevén un posible aumento de la producción de hasta 300,000 barriles diarios, pero advierten que la historia de expropiaciones podría disuadir a las grandes empresas. Otros analistas expresan preocupación por la estabilidad política y la fiabilidad de leyes impulsadas bajo presión militar. La medida también enfrenta críticas internas, como la del exministro de Petróleo, Rafael Ramírez, quien la considera una anulación de las conquistas nacionalistas.
Este panorama se desarrolla mientras Chevron y Exxon Mobil reportaron sus ganancias anuales más bajas en años.
Los beneficios de Exxon cayeron un 14% a 28,800 millones de dólares, y los de Chevron disminuyeron un 30% a 12,300 millones de dólares.












