La Fiscalía busca una sentencia de 70 años en el caso del crematorio Plenitud mientras un juez cierra la investigación

El caso del crematorio Plenitud en Ciudad Juárez avanza en los tribunales con la solicitud de una pena máxima para el imputado, pero enfrenta un revés judicial con el cierre del periodo de investigación, mientras más de mil 500 familias afectadas continúan exigiendo justicia.

Familiares de las víctimas del caso del crematorio Plenitud, agrupados en el colectivo "Justicia para Nuestros Héroes", se manifestaron en las oficinas administrativas de gobierno para exigir avances y justicia para más de mil 500 familias afectadas. La vocera del colectivo, Dora Elena Delgado, informó que de los 386 cuerpos localizados, 170 han sido identificados y 156 entregados a sus familias, quedando 14 en rezago. Además, señaló que existen 114 denuncias interpuestas contra funerarias relacionadas que continúan operando y lamentó la falta de información oficial sobre las investigaciones a instancias municipales y estatales por parte de la Secretaría de la Función Pública. En el ámbito legal, la Fiscalía General del Estado (FGE) busca una sentencia de 70 años de prisión para el imputado, José Luis A.C. La pena se fundamenta en el Código Civil, la Ley General de Salud y un criterio de acumulación por el número de víctimas. La directora del Registro Civil en la zona norte, Karla Ivette Gutiérrez Isla, calificó el suceso como un caso atípico donde el responsable no realizó el trabajo para el que fue contratado durante la pandemia. Por su parte, el representante de Gobierno, Carlos Ortiz Villegas, confirmó que la FGE dio vista a la Función Pública para indagar posibles responsabilidades de dependencias, pero aclaró que aún no hay conclusiones y el tema se maneja con secrecía. Sin embargo, el proceso judicial sufrió un contratiempo cuando el juez de control Juan Antonio Riestra Ramos negó a la FGE una prórroga de dos meses para la investigación complementaria. El Ministerio Público argumentó que necesitaba tiempo para recabar información bancaria del imputado a través de la CNBV y para extraer datos de dos teléfonos celulares. La defensa se opuso citando una jurisprudencia de la Suprema Corte que limita el plazo de investigación a seis meses. Con esta decisión, la etapa de investigación se ha cerrado y la FGE deberá presentar una acusación formal o solicitar el sobreseimiento del caso.