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Masacre en Río: Operativo policial deja un saldo sin precedentes y desata crisis política

Un masivo operativo policial en las favelas de Río de Janeiro, calificado como el más letal en la historia de la ciudad, ha dejado más de un centenar de muertos, desatando una profunda controversia sobre el uso de la fuerza y una crisis entre autoridades estatales y federales.
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Un megaoperativo policial contra el grupo criminal Comando Vermelho en los complejos de favelas de Penha y Alemão, en Río de Janeiro, se convirtió en la acción más letal en la historia de la ciudad. La operación, denominada “Contención”, movilizó a aproximadamente 2,500 agentes de policía y soldados, apoyados por vehículos blindados y helicópteros, con el objetivo de ejecutar órdenes de arresto y limitar la expansión territorial de la organización delictiva.

Durante los enfrentamientos, los miembros del grupo criminal respondieron con armamento de alto poder e incluso utilizaron drones para lanzar granadas.

El saldo de la operación ha sido motivo de controversia. Mientras que el gobierno estatal de Río de Janeiro reportó oficialmente 119 fallecidos, incluyendo 115 presuntos delincuentes y cuatro policías, la Defensoría Pública elevó la cifra a por lo menos 132 muertos. Residentes de las favelas denunciaron escenas de una “masacre”, con acusaciones de ejecuciones extrajudiciales, y se vieron obligados a recuperar y alinear decenas de cadáveres en la vía pública para su identificación. Además de las muertes, las autoridades informaron de la detención de más de 110 sospechosos y la incautación de más de 90 fusiles y una tonelada de drogas. La operación desató una fuerte pugna política y el escrutinio de organismos nacionales e internacionales. El gobernador de Río, Cláudio Castro, calificó la acción como un “éxito” contra el “narcoterrorismo” y lamentó únicamente la muerte de los cuatro agentes, a la vez que acusó al gobierno federal de no brindar apoyo. En contraste, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva se manifestó “horrorizado” por el número de víctimas. Su ministro de Justicia, Ricardo Lewandowski, afirmó que el gobierno federal no fue informado previamente sobre el operativo y cuestionó su compatibilidad con el Estado de derecho. El Tribunal Supremo de Brasil ha exigido explicaciones al gobernador, mientras que la ONU y otras organizaciones de derechos humanos han condenado la violencia y han solicitado una investigación inmediata e independiente sobre el uso de la fuerza.

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