Legisladores debaten sobre el derecho y la gestión del agua en México

Iniciativas legislativas y recursos legales marcan el debate sobre la gestión y el acceso al agua en México. Una propuesta busca establecer un mínimo vital como derecho constitucional, mientras que una nueva ley enfrenta amparos por presuntas violaciones a derechos adquiridos.

El diputado federal Rubén Moreira Valdez, del PRI, presentó una iniciativa para reformar el artículo 4º de la Constitución con el objetivo de garantizar un suministro mínimo vital de 60 litros de agua diarios por persona. Esta cantidad, considerada indispensable para la subsistencia humana, se proveería de forma ininterrumpida, sin estar condicionada a pago alguno y con prioridad para personas y grupos en situación de vulnerabilidad. La propuesta subraya que es obligación del Estado asegurar el acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en condiciones suficientes, salubres y asequibles. Para su implementación, la iniciativa establece plazos específicos: el Congreso de la Unión tendría un máximo de 180 días para armonizar el marco jurídico, mientras que las legislaturas estatales contarían con 365 días para realizar las adecuaciones normativas correspondientes. Las leyes secundarias deberán incluir mecanismos claros para el suministro, como redes de distribución, pipas y sistemas de captación pluvial.

Moreira afirmó que esta medida consolida el derecho humano al agua, alinea a México con estándares internacionales y ofrece certeza jurídica para proteger a la población más vulnerable ante sequías o fallas en la red.

Paralelamente, el senador Mario Humberto Vázquez Robles, del PAN, ha puesto a disposición formatos de amparo gratuitos contra la nueva Ley General de Aguas, publicada el 11 de diciembre de 2025. El objetivo es que productores, comunidades indígenas y la ciudadanía puedan protegerse de una legislación que, según el senador, viola derechos previamente adquiridos. Los amparos pueden presentarse hasta el 20 de enero de 2026. Vázquez Robles argumenta que la nueva ley prohíbe la transmisión directa de concesiones, la sustituye por un esquema de reasignación controlado por la autoridad y afecta derechos existentes, contraviniendo el principio de no retroactividad del Artículo 14 de la Constitución. Además, denuncia la falta de una consulta previa a las comunidades indígenas, como las de la Sierra Tarahumara, lo cual es un requisito constitucional cuando se modifican leyes que afectan su estilo de vida.