El Senado de México discute la reforma para reducir la jornada laboral a 40 horas semanales

Una histórica reforma laboral que busca reducir la jornada de 48 a 40 horas semanales ha llegado al Senado de México, generando un intenso debate sobre sus beneficios, su implementación y el derecho a dos días de descanso.

Las comisiones unidas del Senado de la República iniciaron este martes 10 de febrero la discusión de la iniciativa presidencial para reducir la jornada laboral en México de 48 a 40 horas semanales. La propuesta plantea una modificación al artículo 123 de la Constitución, cuya implementación sería gradual a lo largo de varios años, comenzando en 2027 con una reducción a 46 horas y culminando con la meta de 40 horas en 2030. El dictamen asegura que esta disminución no implicará una reducción en los sueldos, salarios o prestaciones de los trabajadores.

El punto más polémico del debate es la garantía de dos días de descanso por cada cinco laborados. Mientras que el gobierno y el partido Morena sostienen que este derecho queda implícito al establecer un límite de 40 horas con jornadas de ocho horas diarias y apuestan por la flexibilidad en los acuerdos entre empleadores y empleados, la oposición y diversas organizaciones sindicales exigen que los dos días de descanso se establezcan explícitamente en la Constitución. Partidos como el PAN y Movimiento Ciudadano, junto con el Frente Nacional por las 40 Horas, advierten que, de no hacerlo, la reforma podría ser una simulación que mantenga el esquema de seis días de trabajo.

Los sindicatos han manifestado su rechazo al dictamen actual, argumentando que posterga el beneficio hasta 2030 y debilita derechos.

Señalan que la propuesta redefine el concepto de jornada laboral de una manera que podría facilitar el subregistro de horas y normaliza las jornadas extendidas al aumentar el límite de horas extra permitidas de 9 a 12 por semana. Advierten sobre el riesgo de una mayor intensificación del trabajo, lo que aumentaría el desgaste físico y mental de los empleados. Por su parte, el sector empresarial ha expresado preocupación por el impacto económico, estimando un posible aumento en los costos de nómina de entre 10% y 25%, razón por la cual se propuso la implementación paulatina. La discusión de esta reforma, que busca alinear a México con las recomendaciones de la OIT y las prácticas de otros países, continuará en el pleno del Senado.