Legisladores de Morena en Campeche rompen con la gobernadora Layda Sansores y restauran el fuero constitucional

Una crisis política sin precedentes ha estallado en Campeche, donde una fractura en la bancada de Morena ha llevado a un enfrentamiento directo con la gobernadora Layda Sansores y a la restauración del fuero constitucional para los legisladores locales.

El conflicto se originó por la propuesta del gobierno estatal de contratar una deuda pública de mil millones de pesos en la Ley de Ingresos 2026. La postura del coordinador parlamentario de Morena, José Antonio Jiménez Gutiérrez, de analizar a fondo la iniciativa para no comprometer las finanzas del estado, fue interpretada como un desafío por el Ejecutivo. Aunque el endeudamiento fue aprobado con candados, la tensión entre el grupo de Jiménez y la gobernadora Layda Sansores persistió. La división se profundizó cuando el dirigente estatal de Morena, Erick Reyes León, acusó públicamente a Jiménez Gutiérrez de provocar la fragmentación en la bancada. El rompimiento se evidenció en la elección de la mesa directiva del Congreso, donde diputados morenistas afines a la gobernadora se aliaron con la oposición (Movimiento Ciudadano, PRI, PAN, PT y PVEM) para imponer como presidente al legislador de MC, Paul Arce Ontiveros, en contra del voto del bloque de 10 diputados liderado por Jiménez.

La crisis escaló cuando policías ministeriales cercaron el Palacio Legislativo.

Ante lo que calificó como una persecución política y el riesgo de una posible detención, Jiménez Gutiérrez y los diputados afines a él permanecieron en el recinto. En una sesión reservada, este grupo de 10 de los 16 legisladores de Morena aprobó reformas a la Constitución local y a la Ley Orgánica del Poder Legislativo para restaurar el fuero constitucional, eliminado en 2016.

Esta medida beneficiaría a legisladores con investigaciones abiertas, incluyendo al propio Jiménez Gutiérrez, indagado por la Fiscalía Estatal Anticorrupción, así como a otros diputados.

Sin embargo, la reforma aún debe ser publicada en el Periódico Oficial del Estado y podría ser vetada por la gobernadora Sansores, lo que mantendría abierto el choque político en la entidad.