El SAT aplicará multas de hasta 122 mil pesos por condicionar la emisión de facturas



El Servicio de Administración Tributaria (SAT) anunció la aplicación de multas que van desde los 21,420 hasta los 122,440 pesos para cualquier contribuyente, ya sea persona física o empresa, que condicione la expedición de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) a la presentación de la Constancia de Situación Fiscal (CSF) por parte de clientes o empleados. Funcionarios de la dependencia en Monterrey, Morelos e Hidalgo recalcaron que solicitar este documento es una mala práctica, ya que no es un requisito legal para la facturación ni para el timbrado de nómina. Esta medida, vigente desde el 1 de enero y fundamentada en el artículo 83 del Código Fiscal de la Federación, busca erradicar esta exigencia indebida. Como resultado de las campañas informativas, en Hidalgo se ha registrado una disminución del 20% en la solicitud de este trámite. Las autoridades fiscales aclararon que los únicos cuatro datos necesarios para emitir una factura son: el Registro Federal de Contribuyentes (RFC), el nombre o razón social, el código postal del domicilio fiscal del receptor y el régimen fiscal en el que tributa.
Esta información se encuentra en la Cédula de Datos Fiscales, la cual puede ser obtenida por los contribuyentes de manera sencilla a través de las oficinas virtuales o la aplicación SAT Móvil. En caso de que se niegue la factura, los afectados pueden presentar una solicitud de conciliación o una denuncia a través del portal del SAT. En otros anuncios, el SAT presentó el Programa de Regularización Fiscal 2026, dirigido a contribuyentes con ingresos de hasta 300 millones de pesos en 2024. Este programa ofrece la posibilidad de reducir hasta en un 100% las multas y recargos de adeudos correspondientes al ejercicio fiscal 2024 y anteriores, con opciones de pago en hasta seis parcialidades. Por otro lado, un fallo reciente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) obliga al SAT a ser más transparente en sus auditorías, debiendo detallar con precisión el tiempo, modo y lugar de las irregularidades detectadas para garantizar la certeza jurídica de los contribuyentes.










