Cárteles mexicanos utilizan municiones de alto poder fabricadas para el ejército de Estados Unidos

Una investigación periodística revela que municiones de calibre .50, producidas en una planta del Ejército de Estados Unidos, son contrabandeadas a México, otorgando a los cárteles un poder de fuego capaz de superar a las fuerzas de seguridad locales.

Una investigación de The New York Times y el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) expuso que los cárteles mexicanos están utilizando municiones de calibre .50 fabricadas en la Planta de Municiones del Ejército de Lake City (LCAAP), una instalación propiedad del gobierno estadounidense en Missouri. Estas municiones, diseñadas para uso militar con el fin de destruir vehículos y aeronaves ligeras, otorgan a las organizaciones criminales una superioridad armamentística que abruma a las policías locales y estatales en México.

Los acuerdos entre el Ejército de EE. UU. y los contratistas privados que operan la planta, como Olin Winchester, permiten la venta de estas municiones en el mercado minorista civil estadounidense.

Desde allí, son contrabandeadas a México.

Datos de la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) muestran que, desde 2012, se han incautado más de 40,370 cartuchos calibre .50 en estados fronterizos, y aproximadamente un tercio de ellos provienen de Lake City, una proporción mayor que la de cualquier otro fabricante.

La evidencia en México es contundente, con casquillos marcados con las iniciales "L.C."

encontrados en escenas de crímenes violentos, como el ataque de 2019 en Villa Unión, Coahuila.

El uso de este armamento ha tenido consecuencias devastadoras, permitiendo a los cárteles derribar helicópteros, asesinar a funcionarios, emboscar a fuerzas militares y masacrar a civiles.

Un exagente de la ATF describió la munición calibre .50 como un factor que "inclina la balanza" en los enfrentamientos. A pesar de que el gobierno mexicano también ha comprado municiones de Lake City, según los documentos, el flujo ilícito hacia los cárteles agrava la violencia. El Ejército estadounidense no ofreció detalles sobre cómo sus municiones terminan en manos de criminales, pero justificó las ventas comerciales argumentando que ahorran a los contribuyentes alrededor de 50 millones de dólares anuales al reducir el costo de la munición para el gobierno.

Los contratistas, por su parte, están obligados a cumplir con las leyes federales y estatales, aunque venden a distribuidores y minoristas, no directamente al público.

Olin Winchester y otros implicados no respondieron a solicitudes de comentarios sobre sus políticas de venta.