Crisis poselectoral en Honduras: entre acusaciones de fraude, injerencia extranjera y amenazas a la democracia

A dos semanas de las elecciones presidenciales en Honduras, la nación se encuentra en una profunda incertidumbre política, marcada por un resultado electoral sin definir, denuncias de fraude e injerencia extranjera, y una creciente tensión social.

Tras las elecciones del 30 de noviembre, Honduras enfrenta una parálisis política al no tener un ganador presidencial definitivo. El conteo oficial, con el 99.4% escrutado, sitúa a Nasry Asfura, del Partido Nacional, con un 40.52% de los votos, seguido de cerca por Salvador Nasralla, del Partido Liberal, con un 39.20%. Ante este estrecho margen y denuncias de irregularidades, el Consejo Nacional Electoral (CNE) se prepara para una revisión clave de 2,773 actas con inconsistencias. En este contexto de alta tensión, el candidato Nasry Asfura ha solicitado que dicho recuento sea público y televisado, con la presencia de observadores de la sociedad civil y organismos internacionales para garantizar la transparencia del proceso. Por otro lado, el expresidente Manuel Zelaya, coordinador del partido gobernante Libertad y Refundación (Libre), ha llamado a la movilización de sus militantes para exigir la anulación de las elecciones, calificándolas de fraudulentas, y ha asegurado que datos internos de su partido dan la victoria a Nasralla. El partido gobernante Libre, que sufrió una contundente derrota con su candidata Rixi Moncada obteniendo menos del 20% de los votos, anunció que desconocerá al nuevo gobierno.

La administración saliente de la presidenta Xiomara Castro ha elevado la crisis al plano internacional, denunciando formalmente ante la ONU, la OEA y la CELAC una presunta injerencia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien respaldó a Asfura. El gobierno hondureño acusa que este apoyo violó la soberanía del país.

La polarización ha escalado a un nivel personal y peligroso para las autoridades electorales.

Ana Paola Hall, consejera presidenta del CNE, denunció públicamente estar enfrentando “riesgos” que atentan contra su libertad e integridad física. Hall reveló haber recibido amenazas de muerte contra ella y su hija, además de ser objeto de campañas de desinformación y ataques personales, lo que evidencia la fragilidad del proceso en su recta final.