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El Juicio del Pueblo: Sheinbaum Delega la Vigilancia de Políticos a la Ciudadanía

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo estableció que la evaluación del comportamiento de los políticos de su movimiento corresponde a la ciudadanía y no a la Presidencia, deslindándose de la responsabilidad de corregir posibles actos de soberbia.
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Ante cuestionamientos sobre posibles casos de soberbia dentro de la Cuarta Transformación, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó este viernes que no es su papel actuar como madre de los políticos de su movimiento para llamarles la atención. "Si hay alguien que no se comporte, pues no soy mamá para andar llamando la atención.

¿Quién se los va a reclamar?

Pues la gente", expresó la mandataria, subrayando que el juicio sobre la conducta de los representantes públicos recae exclusivamente en los ciudadanos. Sheinbaum sostuvo que su enfoque personal es mantener un comportamiento humilde ante el pueblo de México y que la Presidencia no funcionará como un órgano de corrección para gobernantes o legisladores. En este sentido, señaló que las consecuencias de un mal comportamiento se reflejarán en el futuro político de los implicados, mencionando que con la eliminación de los legisladores plurinominales, su permanencia en cargos públicos dependerá aún más de la aprobación popular. Al ser interrogada sobre si su reciente reconocimiento a la humildad de la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, era una crítica velada hacia otros miembros de su movimiento, la presidenta lo negó. En su lugar, aprovechó para reiterar que la Cuarta Transformación debe distanciarse de las prácticas del pasado. "La soberbia y la parafernalia del poder de antes es algo que no va con nuestro movimiento, lo defiendo y lo sostengo", puntualizó. Finalmente, la mandataria federal insistió en que su función no es enmendar la conducta de aquellos que se desvíen de los principios del movimiento. Reiteró que será la gente, el pueblo, quien evaluará y, en su caso, reclamará las acciones de sus representantes, consolidando a la ciudadanía como el máximo juez del poder político.

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