El sistema de justicia en México enfrenta una baja tasa de judicialización de delitos según datos del Inegi

Mientras autoridades en diversos estados del país ejecutan órdenes de aprehensión por delitos como el robo, datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) evidencian la profunda brecha entre el número de carpetas de investigación iniciadas y los casos que efectivamente llegan a los tribunales.

Un análisis basado en cifras oficiales revela una tensión estructural en el sistema de justicia penal de México, donde solo una pequeña fracción de los delitos denunciados llega a ser procesada por los tribunales. Según el Censo Nacional de Procuración de Justicia 2025 del Inegi, durante 2024, de todas las investigaciones determinadas por las fiscalías estatales del país, únicamente el 7% se judicializó, es decir, se ejerció acción penal. En contraste, un 88.3% de los casos se resolvió mediante el no ejercicio de la acción penal, archivo o improcedencia. El estado de Puebla sirve como un ejemplo de esta problemática. Entre enero y noviembre de 2025, la Fiscalía General del Estado (FGE) inició 75,562 carpetas de investigación, con el robo y la violencia familiar como los delitos predominantes. Si se aplica la tasa nacional, se estima que solo entre 5,000 y 6,000 de estos casos habrían llegado a los juzgados, lo que representa una carga sostenida para la infraestructura judicial, que en 2024 contaba con 167 unidades administrativas y 3,346 personas adscritas a la FGE. Esta desproporción entre la incidencia delictiva y la capacidad de procesamiento genera saturación y dificulta garantizar una justicia pronta.

Paralelamente a esta situación sistémica, las autoridades continúan ejecutando acciones contra la delincuencia en diferentes regiones.

En Chihuahua, se notificó una orden de aprehensión por robo agravado a César Geovany M. M., un interno del Cereso 3, por su presunta participación en un asalto a mano armada en una tienda de conveniencia. En San José del Cabo, Baja California Sur, Irving Ulises “N” fue vinculado a proceso por el delito de robo equiparado de vehículo tras ser sorprendido conduciendo una motocicleta con reporte de robo. Asimismo, en Piedras Negras, Coahuila, se cumplimentó una orden judicial contra Sergio Alberto N., de 30 años, por robo a una vivienda.

Estos casos representan la porción de delitos que sí avanza en el sistema judicial.