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Salud Pública vs. Intereses Corporativos: ONGs Exigen al Senado un Impuesto del 20% a Refrescos

Organizaciones civiles y especialistas en salud se manifestaron en el Senado de la República para exigir a los legisladores que no cedan ante la industria refresquera y aprueben un impuesto de hasta el 20% sobre las bebidas azucaradas y con edulcorantes, en medio de la discusión de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS).
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Activistas y miembros de organizaciones como la Alianza por la Salud Alimentaria, El Poder del Consumidor y Salud Crítica se movilizaron en el Senado para demandar un gravamen del 20% sobre las bebidas saborizadas, lo que podría equivaler a una cuota de $7 por litro. Para visibilizar su causa, instalaron una lata inflable de cinco metros de altura con la palabra “diabetes” y la advertencia “los edulcorantes también hacen daño”, además de portar pancartas con consignas como “Impuestos sí, diabetes no”. Los manifestantes basan su petición en recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y en el grave impacto a la salud pública en México, uno de los mayores consumidores de refrescos del mundo con un promedio de 166 litros por persona al año. Según las organizaciones, el consumo de estas bebidas está vinculado a más de 230,000 nuevos casos de diabetes y enfermedades cardiovasculares anualmente, y es responsable de aproximadamente 46,000 muertes directas. Alejandro Calvillo, director de El Poder del Consumidor, calificó este impacto como una de las principales causas de enfermedad y muerte en el país, cuyos costos recaen sobre un sistema de salud en crisis y los bolsillos de la población. Desde una perspectiva económica, Iván Benhumea, de la organización Fundar, señaló que la obesidad y el sobrepeso le cuestan a México cerca de 600,000 millones de pesos al año, monto equivalente al 68% de los programas sociales prioritarios. Las organizaciones también expresaron su desaprobación a un acuerdo anunciado el 17 de octubre entre el gobierno y la industria refresquera, que excluiría a las bebidas con edulcorantes del mismo nivel de gravamen. Doré Castillo, de Salud Crítica, advirtió que la OMS desaconseja el uso de edulcorantes para el control de peso y que existen estudios sobre sus riesgos cardiometabólicos. Dicho acuerdo implicaría que la industria reduzca en un 30% el contenido de azúcar y restrinja la publicidad dirigida a menores, a cambio de una moderación en el alza del IEPS.

Sin embargo, para los activistas, esto no es suficiente.

Calvillo concluyó que los senadores enfrentan una disyuntiva clara: proteger las ganancias de las corporaciones o la salud de la población mexicana.

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