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Ejecuciones Extrajudiciales en el Mar: La ONU Exige a EE. UU. Detener Ataques a Embarcaciones

La Organización de las Naciones Unidas ha condenado enérgicamente los ataques militares de Estados Unidos contra supuestas 'narcolanchas' en el Caribe y el Pacífico, calificándolos de 'ejecuciones extrajudiciales' que violan el derecho internacional.
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La Organización de las Naciones Unidas (ONU), a través de su Alto Comisionado para los Derechos Humanos, Volker Türk, ha exigido a Estados Unidos que cese de inmediato los ataques militares contra embarcaciones sospechosas de transportar drogas en el mar Caribe y el océano Pacífico oriental. Estos operativos, iniciados a principios de septiembre, han resultado en la muerte de más de 60 personas, lo que ha llevado a la ONU a calificar las acciones como “inaceptables”, “ilegales” y constitutivas de “ejecuciones extrajudiciales”. Türk ha subrayado la necesidad de prevenir más muertes y proteger la vida humana, independientemente de los presuntos delitos de los tripulantes.

El principal punto de discordia es el marco legal aplicable. La administración estadounidense, bajo el presidente Donald Trump, justifica los ataques como parte de una campaña antidrogas y antiterrorismo, amparándose en el derecho internacional humanitario que rige en conflictos armados. Sin embargo, la ONU rechaza firmemente este argumento, sosteniendo que no existe un conflicto armado declarado en la zona. En su lugar, defiende que deben prevalecer las normas internacionales de derechos humanos, las cuales limitan el uso de la fuerza letal a situaciones de “amenaza inminente para la vida”, un criterio que, según la información disponible, no se cumplió en estos ataques. En consecuencia, la ONU ha instado a las autoridades de Washington a detener los bombardeos y a iniciar investigaciones rápidas, independientes y transparentes sobre las muertes, afirmando que es una “obligación” para el gobierno estadounidense. El organismo de derechos humanos ha aclarado que la lucha contra el narcotráfico debe abordarse con métodos policiales, como la interceptación legal de embarcaciones y la detención de sospechosos, en lugar de recurrir a la fuerza militar letal. La campaña ha causado división entre las naciones de la región y se enmarca en un contexto de tensión de Estados Unidos con países como Venezuela.

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