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Fallo Judicial Pone en Jaque el Despliegue Militar de Trump en la Capital de EE.UU.

Una jueza federal ha ordenado a la administración del presidente Donald Trump poner fin al despliegue de la Guardia Nacional en Washington, D.C., al considerar que la medida viola la Constitución e invade la autoridad de los funcionarios locales. La decisión intensifica el enfrentamiento legal sobre el control de las fuerzas del orden en la capital estadounidense.
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La jueza de distrito de EE.UU., Jia Cobb, concluyó que la "toma militar" de la ciudad por parte del presidente es inconstitucional.

Su orden, sin embargo, fue suspendida por 21 días para dar tiempo a la administración a presentar una apelación.

Esta resolución responde a una demanda interpuesta por el fiscal general del Distrito de Columbia, Brian Schwalb, quien buscaba prohibir el despliegue de tropas sin el consentimiento previo de la alcaldesa de la ciudad. El conflicto se originó en agosto, cuando el presidente Trump emitió una orden ejecutiva declarando una emergencia por delincuencia en Washington.

En un mes, más de 2,300 tropas de la Guardia Nacional de ocho estados y del distrito, junto con cientos de agentes federales, fueron desplegados para patrullar la ciudad bajo el mando del secretario del Ejército. Para operar, las tropas de la Guardia fueron juramentadas como agentes especiales del Servicio de Alguaciles de EE.UU. Aunque no se ha definido una fecha exacta para el fin del despliegue, los abogados de D.C.

estiman que podría extenderse hasta el próximo verano.

La oficina del fiscal Schwalb argumentó que el despliegue representa una "incursión ilegal" que daña la autoridad soberana del Distrito para gestionar sus propias fuerzas del orden, además de avivar tensiones con los residentes y desviar recursos de la policía local. Por su parte, los abogados del gobierno federal defendieron que el Congreso otorgó al presidente la facultad para controlar la Guardia Nacional de D.C. y calificaron la demanda como un "espectáculo político" que amenaza una campaña exitosa contra el crimen violento. Este no es el único desafío legal que ha enfrentado la administración Trump por el uso de la Guardia Nacional. Previamente, un tribunal de apelaciones suspendió una orden que bloqueaba la toma de control de tropas en Oregón, y un juez federal dictaminó como ilegal el envío de la Guardia al área de Los Ángeles durante protestas por redadas de migración.

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