Tribunal federal atrae el caso de Javier Corral pero la fiscalía de Chihuahua se niega a entregar el expediente

Un tribunal federal ordenó que la investigación por presunto peculado contra el exgobernador Javier Corral sea transferida a la Fiscalía General de la República, pero la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua se ha negado a entregar el expediente, argumentando que una suspensión judicial vigente se lo impide.

El Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa de Chihuahua resolvió el 9 de enero un conflicto competencial, determinando que la investigación contra el exgobernador y actual senador Javier Corral Jurado por un presunto peculado de 98.6 millones de pesos debe pasar al fuero federal. La decisión obliga a la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua (FACH) a entregar la carpeta de investigación a la Fiscalía General de la República (FGR). La defensa de Corral solicitó la atracción del caso, argumentando que en la jurisdicción estatal no se garantizaba un proceso imparcial ni se les permitía presentar pruebas, y celebró el fallo como una oportunidad para demostrar la "absoluta inocencia" del senador ante lo que calificaron como una "fabricación" de delito. En respuesta, el fiscal Anticorrupción de Chihuahua, Abelardo Valenzuela Holguín, calificó la resolución como una "aberración jurídica" y anunció que no entregará la carpeta de investigación. El fiscal sostiene que la FACH no está jurídicamente obligada a hacerlo debido a una suspensión definitiva vigente, concedida por un juzgado federal en el juicio de amparo 2288/2025-I-1, que protege los intereses de la sociedad chihuahuense como víctima. Valenzuela argumentó que el fallo del tribunal solo resuelve un conflicto entre jueces y no el fondo del asunto, por lo que agotarán todos los recursos legales, incluido el de reclamación ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). El fiscal enfatizó que el delito es de competencia estatal, ya que los recursos involucrados son del erario chihuahuense, provenientes de participaciones federales de libre disposición para el estado. La investigación se originó por una denuncia de la Auditoría Superior del Estado (ASE) por la contratación presuntamente irregular de un despacho para la reestructuración de la deuda pública. Valenzuela considera que detrás de la atracción del caso hay una "motivación política" y una "expectativa de impunidad", y no una razón jurídica, señalando que el Ministerio Público Federal carece de competencia y legitimidad para atraer un caso tipificado en el Código Penal del Estado de Chihuahua.