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Aportación de mexicanos para la solvencia de Pemex

Por primera vez en la historia, Petróleos Mexicanos (Pemex) no solo dejará de aportar a las finanzas públicas, sino que requerirá que cada mexicano pague de sus impuestos para mantener su solvencia en 2026, generando un déficit neto para las arcas federales.
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Según un análisis del Paquete Económico 2026 realizado por la organización México Evalúa, la renta petrolera a favor del Gobierno federal estará prácticamente pulverizada.

Se estima que cada mexicano deberá pagar 230 pesos de sus impuestos para mantener a flote a la paraestatal.

Esto representa un cambio drástico en comparación con años anteriores, como 2008, cuando cada ciudadano llegó a recibir el equivalente a 17,826 pesos de Pemex para financiar gastos en salud, educación y seguridad.

Para 2026, se proyectan ingresos petroleros por 1.2 billones de pesos, equivalentes al 3.1 por ciento del PIB.

Sin embargo, la distribución de estos recursos favorecerá abrumadoramente a Pemex, que se quedará con el 81% del total, mientras que la Federación recibirá únicamente el 19%, la proporción más baja de la que se tenga registro. En cifras, el Gobierno federal obtendrá solo 233 mil millones de pesos de la renta petrolera. La situación se agrava al considerar que, además, el Gobierno federal devolverá a Pemex 263 mil millones de pesos a través de la Secretaría de Energía. De acuerdo con Jorge Cano, coordinador de Gasto Público en México Evalúa, esto significa que, en términos efectivos, no habrá una renta petrolera para la Federación. Por el contrario, se registrará una pérdida neta de 31 mil millones de pesos. Mariana Campos, directora general de la organización, subrayó que es la primera vez en la historia que se plantea un saldo negativo desde un presupuesto de egresos. Esta "despetrolización" de las finanzas públicas, como la calificó Cano, implica que habrá menos recursos disponibles para financiar derechos esenciales como la salud, educación y seguridad. Campos añadió que el presupuesto se vuelve cada vez más rígido, con un menor margen de maniobra para implementar políticas públicas que beneficien directamente a la población.

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