La Doble Cara Fiscal de México para 2026: Beneficios para el Consumo y Diputados Frente a Mayor Presión sobre Contribuyentes



El Gobierno Federal ha delineado una política fiscal para 2026 con medidas divergentes.
Por un lado, se busca incentivar el consumo a través de beneficios fiscales en El Buen Fin, mientras que, por otro, se endurecerán los mecanismos de fiscalización para la población en general y se propone un aumento salarial significativo exclusivamente para los diputados federales. Como parte de los estímulos, un decreto presidencial establece que los ganadores del sorteo fiscal de El Buen Fin 2025, que se celebrará del 13 al 17 de noviembre, recibirán sus premios libres de impuestos federales. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) repartirá una bolsa de 500 millones de pesos, de los cuales 400 millones se destinarán a consumidores que paguen con tarjetas de crédito o débito. Además, el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2026 contempla un incremento salarial del 9.53% para los diputados federales, quienes pasarían de ganar 1.19 millones de pesos netos anuales a 1.3 millones. Este aumento contrasta con los ajustes para otros altos funcionarios: 0.23% para la presidenta de la República, 0.35% para los ministros de la Suprema Corte y un 0% para los senadores. En contraparte, el paquete fiscal aprobado para 2026 intensificará la presión y vigilancia sobre los contribuyentes.
Según Eduardo Salas Avilés, presidente del Colegio de Contadores, el gobierno buscará aumentar la recaudación mediante revisiones más estrictas, procedimientos de "vigilancia profunda" y la reducción de plazos para atender procedimientos fiscales, que pasarán de 45 a solo 15 días.
Esto implicará una fiscalización más exigente para personas físicas y morales.
Finalmente, la discusión sobre la austeridad se reaviva con la propuesta del diputado Alfonso Ramírez Cuéllar de homologar los salarios de los diputados con los de los senadores, quienes perciben una remuneración mayor. De aprobarse, esta medida incrementaría el gasto para el pago de salarios en la Cámara de Diputados en más de un 21%, lo que podría poner en entredicho el principio de "austeridad republicana".
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