La Sombra de la Pena Capital: El Polémico Proyecto de Ley Israelí que Divide a una Nación

El Parlamento de Israel ha dado un paso inicial para reinstaurar la pena de muerte, una medida dirigida específicamente a militantes palestinos que ha desatado un profundo debate sobre justicia, derechos humanos y seguridad nacional.

El Parlamento israelí, conocido como Knesset, aprobó en su primera lectura un controvertido proyecto de ley para imponer la pena de muerte a palestinos condenados por asesinar a ciudadanos israelíes. La iniciativa, impulsada por el ministro de Seguridad Nacional de extrema derecha, Itamar Ben-Gvir, obtuvo 39 votos a favor y 16 en contra, y ahora pasará a un comité parlamentario para su debate antes de las dos votaciones finales requeridas para convertirse en ley. Ben-Gvir argumenta que la medida es necesaria para disuadir el "terrorismo árabe", especialmente tras el ataque liderado por Hamás el 7 de octubre de 2023, que resultó en la muerte de casi 1,200 personas en Israel y la toma de 251 rehenes. La posterior ofensiva israelí en Gaza ha causado la muerte de casi 70,000 palestinos. Históricamente, Israel abolió la pena de muerte por asesinato en 1954, y la única ejecución civil fue la de Adolf Eichmann, uno de los arquitectos del Holocausto, en 1962. Algunos legisladores creen que la ley también evitaría futuros acuerdos de liberación de prisioneros.

El proyecto ha generado una fuerte oposición tanto a nivel nacional como internacional.

La Organización para la Liberación de Palestina (OLP) lo calificó como un "crimen político, legal y humanitario", y Hamás también criticó la votación. Amnistía Internacional advirtió que la ley afianzaría la discriminación sistémica contra los palestinos. Dentro de Israel, el líder de la oposición, Yair Lapid, se manifestó en contra, argumentando que dañará la imagen democrática del país. Organizaciones palestinas denuncian que la ambigüedad del término "terrorista", que Israel aplica de forma extensiva, podría llevar a una arbitrariedad judicial. Esta propuesta legislativa se enmarca en una estrategia más amplia de Ben-Gvir, quien también promueve otra ley para castigar la "instigación al terrorismo", permitiendo a la policía investigar sin la autorización previa del fiscal general. Según un informe de Haaretz, el 96% de los casos abiertos bajo la ley antiterrorista actual han sido contra árabes. De ser aprobada, la ley de pena de muerte podría aplicarse en tribunales militares de Cisjordania sin necesidad de unanimidad judicial.