Analizan desafíos en la justicia y la defensa de derechos humanos en México

Desde la saturación del sistema de justicia laboral hasta la presentación de nuevas guías para atender la violencia feminicida y propuestas para proteger a familias buscadoras, diversos foros y análisis exponen las grietas y los esfuerzos por mejorar el acceso a la justicia en el país.

Diversos análisis y encuentros recientes han puesto de manifiesto los profundos desafíos que enfrentan el sistema de justicia y la protección de los derechos humanos en México, abarcando desde el ámbito laboral hasta la atención a víctimas de violencia de género y la protección de quienes buscan a personas desaparecidas. En materia laboral, el sistema enfrenta un doble reto que deja a los trabajadores en una alta vulnerabilidad. Según el abogado Humberto Morales, por un lado, persiste un rezago crítico en las Juntas de Conciliación y Arbitraje, que operan con personal y presupuesto reducidos.

Por otro, el nuevo modelo procesal, que trasladó la justicia laboral al Poder Judicial desde 2019, ya muestra signos de saturación.

En Chihuahua, se registran demoras de seis a ocho meses solo para la audiencia preliminar, y los juicios de amparo pueden tardar más de un año en resolverse. Estas demoras se atribuyen a la falta de presupuesto, personal insuficiente y, en ocasiones, a la falta de capacidad de los juzgadores. En el ámbito de la violencia de género, la Comisionada de Atención a Víctimas, Norma Ledezma, participó en la Asamblea del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) en la Ciudad de México. Durante el encuentro se presentó la “Guía de Buenas Prácticas en el Acompañamiento de casos de Violencia Feminicida”, un documento que busca estandarizar la atención a nivel nacional con perspectiva de género. En las mesas de trabajo se discutieron ejes para evitar la revictimización, como el enfoque psicosocial y pericial, el litigio estratégico y el intercambio de modelos de éxito en el acompañamiento a familiares. También se abordó la crisis de mujeres desaparecidas en el país. Paralelamente, en Puebla, el Congreso del Estado analiza una iniciativa para reconocer legalmente a las madres y padres buscadores como defensores de los derechos humanos. La propuesta, impulsada por la diputada Susana Riestra Piña junto al colectivo Voz de los Desaparecidos, busca reformar la ley estatal para obligar a las autoridades a brindar protección integral, prohibir la criminalización de su labor y sancionar las agresiones en su contra. La medida responde a la urgencia de proteger a las familias que realizan jornadas de localización ante las cifras de desaparición en la entidad.