El sistema de pensiones en México enfrenta cambios judiciales y revela altos pagos en el Poder Judicial

Recientes cambios en los requisitos para la pensión de viudez del IMSS y la revelación de jubilaciones de alto nivel en el sector público marcan el panorama actual del sistema de seguridad social en México.

Una resolución judicial reciente ha modificado el acceso a la seguridad social, obligando al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) a eliminar la exigencia de un mínimo de seis meses de matrimonio para otorgar la pensión por viudez. La autoridad judicial determinó que esta condición era discriminatoria y vulneraba derechos constitucionales, al no existir justificación para diferenciar entre matrimonios de corta o larga duración ante la misma pérdida económica.

A partir de este cambio, las solicitudes se resolverán priorizando la protección social del beneficiario. Aunque se eliminó el requisito de tiempo, se mantienen otras condiciones para acceder a la pensión.

El asegurado fallecido debe haber acumulado un mínimo de 150 semanas de cotización con derechos vigentes. No obstante, si el fallecimiento fue resultado de un riesgo de trabajo, no se exige un mínimo de semanas cotizadas. Los solicitantes aún deben presentar documentos como identificación oficial, acta de defunción y acta de matrimonio.

Quienes hayan recibido negativas previas por el requisito eliminado pueden solicitar una revisión de su caso.

En contraste con la situación general, datos de transparencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) han revelado la existencia de "pensiones doradas" para exfuncionarios. Al tercer trimestre de 2025, seis de ellos recibían 122,255 pesos mensuales. En 2024, el expresidente del extinto Supremo Tribunal de Justicia, Rodolfo Acosta Muñoz, llegó a percibir 149,125 pesos mensuales. Estas cifras muestran una gran disparidad en el sistema, con pensiones que varían desde un mínimo de 10,990 pesos hasta los montos más altos mencionados. En el ámbito legislativo, la Cámara de Diputados informó que la diputada Lilia Aguilar Gil solicitó retirar una iniciativa que buscaba reformar los artículos 64 y 134 de la Ley del Seguro Social en materia de pensión por orfandad, lo que demuestra que el marco legal de las pensiones sigue siendo un tema de debate activo.