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Perú Desafía Convención de Asilo y Retrasa Salida de Chávez, Elevando Tensión con México

El gobierno de Perú ha decidido demorar la entrega del salvoconducto a la ex primera ministra Betssy Chávez, asilada en la embajada de México, escalando la tensión diplomática mientras busca modificar la convención regional sobre asilo.
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La tensión diplomática entre Perú y México ha escalado tras la decisión del gobierno mexicano de otorgar asilo político a la ex primera ministra peruana, Betssy Chávez, quien se encuentra en la embajada de México en Lima. Chávez es investigada en su país por los delitos de rebelión y conspiración, relacionados con el fallido intento de golpe de Estado del expresidente Pedro Castillo, y enfrenta una petición fiscal de 19 años de cárcel. Como respuesta al asilo, el gobierno peruano anunció la ruptura de relaciones diplomáticas con México, las cuales ya se encontraban a nivel de encargados de negocios desde 2023. El canciller de Perú, Hugo de Zela, informó que su gobierno ha decidido “demorar” la concesión del salvoconducto que permitiría a Chávez salir del país. La razón de esta demora es iniciar un proceso de consultas con otros países miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) para proponer una actualización de la Convención de Caracas de 1954, que regula el asilo. Según De Zela, el asilo político no es aplicable a personas que han cometido “un delito común”, como considera que es el caso de la ex primera ministra. El canciller planea viajar a Washington a principios de diciembre para presentar formalmente la propuesta ante la OEA. A pesar de la controversia, De Zela aseguró categóricamente que Perú no tiene previsto ingresar por la fuerza a la sede diplomática mexicana para detener a Chávez, afirmando que es una opción que “ni siquiera lo estamos considerando”. Por su parte, el presidente de transición de Perú, José Jerí, ratificó que la exfuncionaria no podrá viajar a México hasta que su gobierno tome una decisión final sobre el salvoconducto, para lo cual se tomarán “el tiempo que sea pertinente”. El conflicto también ha tenido repercusiones políticas, ya que el Parlamento peruano declaró persona non grata a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, por su “inaceptable injerencia en asuntos internos”.

El gobierno mexicano rechazó esta medida, calificándola como “motivada por planteamientos falsos”.

Mientras tanto, la Fiscalía peruana ha solicitado prisión preventiva contra Chávez, argumentando que ha incumplido las restricciones impuestas en el marco de su proceso judicial.

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