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Ataque con Drones a la Fiscalía en Tijuana

Un ataque sin precedentes con drones explosivos contra instalaciones de la Fiscalía General del Estado en Tijuana ha puesto de manifiesto la creciente sofisticación del crimen organizado, generando una fuerte respuesta de las autoridades y un debate sobre la necesidad de modernizar las estrategias de seguridad.

El pasado miércoles 15 de octubre, las oficinas de la Unidad Antisecuestros de la Fiscalía General del Estado (FGE) en Playas de Tijuana fueron blanco de un ataque perpetrado con tres drones. Los aparatos lanzaron artefactos explosivos "hechizos", descritos como botellas de plástico cargadas con clavos, balines, canicas y fragmentos de metal, que detonaban por impacto.

El ataque, que duró escasos segundos, no dejó personas heridas ni fallecidas, pero causó daños en seis vehículos —cuatro particulares y dos oficiales— y desató una intensa movilización de las corporaciones de seguridad.

Hasta el momento, no se han reportado detenciones.

La Fiscal General, María Elena Andrade Ramírez, calificó el acto como terrorismo y lo atribuyó a una reacción del crimen organizado por los recientes golpes de la FGE, que incluyen más de 2,000 cateos y la desarticulación de células criminales.

Este es el primer ataque de esta naturaleza registrado en Baja California.

Por su parte, la gobernadora Marina del Pilar Avila Olmeda respaldó a la fiscal, descartando su destitución y asegurando que "si le pegan a una, le pegan a todas", en referencia a la unidad entre las fuerzas de seguridad. No obstante, el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública de Baja California solicitó la intervención del gobierno federal al considerar que la institución está "rebasada". El Consulado de Estados Unidos en Tijuana también emitió una alerta de seguridad tras el incidente. El suceso subraya la evolución táctica de los grupos criminales, que han pasado de usar drones para vigilancia a convertirlos en armas. Estos aparatos, de bajo costo y fácil adquisición, son operados por personal con conocimientos técnicos, a veces reclutados del mundo de los videojuegos o con experiencia militar.

Aunque se sospecha del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) por su historial con ataques similares en otros estados, las autoridades no han nombrado a un grupo responsable.

El ataque ha evidenciado la urgencia de que México fortalezca su inteligencia tecnológica, invierta en ciberdefensa y considere la creación de una unidad nacional antidrones para contrarrestar esta creciente amenaza.