Diputada del PT propone reformas para recuperar y reasignar viviendas abandonadas en México

Ante un panorama de 650,000 viviendas abandonadas y un considerable rezago habitacional, una nueva iniciativa legislativa busca reformar la Ley de Vivienda para recuperar estos inmuebles y reasignarlos a la población solicitante.

La diputada Lilia Aguilar Gil, del Partido del Trabajo (PT), ha presentado una iniciativa para reformar la Ley de Vivienda con el objetivo de establecer mecanismos institucionales que permitan la recuperación de casas en condición de abandono. La propuesta, enviada a la Comisión de Vivienda para su dictamen, busca que la Política Nacional de Vivienda contemple esquemas para recuperar y reasignar estos inmuebles a la población que los necesite, siempre con apego a la legalidad y bajo criterios de habitabilidad, accesibilidad y ubicación. La legisladora destacó la magnitud del problema, señalando que existen alrededor de 650,000 viviendas abandonadas en 378 municipios del país, lo que representa el 84% del total nacional. Esta cifra contrasta con el rezago habitacional que, según el Censo de Población y Vivienda 2020, afecta al 26.5% de la población, equivalente a más de 33 millones de personas. Entre los municipios con mayor número de viviendas en desuso se encuentran Juárez, Chihuahua; Tijuana, Baja California; y Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. La iniciativa argumenta que el abandono es consecuencia de políticas de vivienda erráticas que fomentaron la construcción masiva en zonas periféricas sin planeación urbana, carentes de infraestructura, servicios y cercanía a fuentes de empleo. Esta situación obliga a las familias a dejar sus hogares en busca de mejores oportunidades, generando deterioro urbano, conflictos sociales y problemas de seguridad.

Por ello, la propuesta subraya la necesidad de que el Estado recupere la rectoría en la materia. La reforma adicionaría los artículos 6, 8 y 12 de la ley para que el Programa Nacional de Vivienda incluya estrategias específicas para esta problemática. Se propone que la recuperación y reasignación se realicen con total transparencia y certeza jurídica, priorizando una relación directa entre los organismos de vivienda y los solicitantes, evitando intermediarios como las subastas. Además, el porcentaje de viviendas abandonadas serviría como criterio para evaluar el cumplimiento de los objetivos del programa.